El Gobierno tiene claro que la troika no obligará a prorrogar el rescate bancario y que su tutela sobre la economía española se relajará casi hasta los mismos niveles de antes de la crisis. Pero la decisión, interpretada en clave política como un éxito para el ministro Luis de Guindos, no se anunciará oficialmente hasta el 15 de noviembre, un tiempo que el Ejecutivo ha pedido al PSOE, CiU y PNV para intentar suavizar la reforma de la ley de Cajas.

La ONG Transparencia Internacional critica que el texto del Gobierno se limita a los bienes inmuebles e impide conocer a los ciudadanos todo el patrimonio de la Administración. Reclama una enmienda que incorpore la publicidad de valores mobiliarios, dinero, activos financieros, créditos, equipamientos e instalaciones o coches oficiales. La cifra en las más de 21.400 entidades públicas españolas ascendería a cientos de miles de millones.

Presidida por el PP, pide eliminar las tasas de reposición de efectivos para Dependencia, extinción de incendios y policía municipal y exonerar a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de limitaciones de personal en cualquier sector. Exigen asimismo que los entes locales puedan incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria.