A la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno le llueven las críticas. La ONG Transparencia Internacional denuncia que si bien la norma introduce la obligación para las Administraciones Públicas de publicar la relación de sus bienes inmuebles, se excluye que hagan lo propio con todo el patrimonio que poseen, esto es, lo relacionado con "los bienes muebles y derechos reales de las entidades públicas: dinero, valores mobiliarios y otros activos financieros, créditos, bienes de carácter histórico, mobiliario, equipamientos e instalaciones, obras de arte o vehículos oficiales", entre otras propiedades.
Desde Transparencia Internacional apuntan que no existe cuantificación exacta de todos estos elementos, ni relación similar por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Cada institución suele conocer sus bienes muebles, pero no los que poseen otras entidades superiores o bajo su competencia", precisan fuentes de la ONG. Además, "la mayoría de las veces los datos están desactualizados e incluso aparecen catalogaciones escritas a máquina", comentan. En total, el importe de este patrimonio oculto en las más de 21.400 entidades públicas españolas ascendería a cientos de miles de millones de euros.
Esta reclamación de Transparencia Internacional es la que denominan dentro del propio Gobierno como la enmienda Lizcano (por el nombre del presidente de dicha ONG en España, Jesús Lizcano). Si bien el Ejecutivo --la iniciativa está liderada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría-- se había mostrado receptivo a incluirla en el texto durante la ronda de contactos, el proyecto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros y luego validado en el Congreso omite el contenido de tal demanda.
"Cada institución suele conocer sus bienes muebles, pero no los que poseen otras entidades superiores o bajo su competencia. Además, la mayoría de las veces los datos están desactualizados", comentan desde la ONG
Coincidiendo con la decisión del Senado de ampliar hasta el próximo martes 8 de octubre el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto, que terminaba hoy, Transparencia Internacional ha difundido sus principales reproches al texto elaborado por el Gobierno. Tales objeciones al Ejecutivo de Mariano Rajoy tienen un valor extra, ya que este colectivo civil no ha sido de los más beligerantes con la reforma impulsada por el Ministerio de Presidencia, sino más bien al contrario: algunas de sus reivindicaciones fueron incorporadas al borrador inicial.
Otro de los reproches de Transparencia Internacional al Gobierno hace alusión a que el texto legal limita específicamente el acceso a aquella información perjudicial para determinadas cuestiones tales como "intereses económicos y comerciales", "política económica y monetaria" o "protección al medioambiente". Estas cláusulas "genéricas", a juicio de la ONG, deberían ser matizadas o concretadas en mayor medida, ya que una interpretación amplia de las mismas merma en gran medida el derecho de acceso a la información.
Asimismo, Transparencia Internacional entiende que el proyecto tendría que incluir dentro del apartado de "Publicidad activa" tanto los planes urbanísticos de la Administración como los informes de los órganos de fiscalización interna (Intervención general, auditorías y similares). No obstante, para Manuel Villoria, miembro del Consejo de Dirección de la organización y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, la "implantación de esta última medida en los pequeños municipios resulta ya de por sí difícil, debido a la escasez de recursos en tales corporaciones locales".
La norma no ataja el silencio institucional
Entretanto, otras organizaciones más críticas con el proyecto de ley (Access Info Europe, Fundación Ciudadana, Civio, ¿Qué hacen los diputados?, Open Knowledge Foundation-España, Open Kratio y Proyecto Avizor) han lanzado la campaña #senadotransparente, a través de la red social Twitter para que los ciudadanos contacten con un senador de su demarcación territorial, mediante los correos electrónicos de la Cámara Baja, a fin de comprobar su interés en debatir una ley que dichos colectivos consideran "demasiado tolerante con la opacidad y el silencio institucional". Así, pretenden conocer la postura de los senadores ante el texto actual y "ponderar su grado de compromiso" o "falta de disposición" para atender las demandas de la ciudadanía.
