El pasado miércoles la Comisión Constitucional del Congreso daba carpetazo al debate de enmiendas del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, con los votos a favor de PP, CiU y PNV, la abstención 'por error' del PSOE y el voto negativo del resto de grupos. Diferentes organizaciones pro transparencia como Acces Info Europe, Fundación Ciudadana Civio y Qué hacen los diputados han lamentado de nuevo que se haya dejado pasar la oportunidad de dotar a España de una auténtica Ley de Transparencia como la que disfrutan otros países europeos.
"Hemos tratado durante meses de dialogar y convencer a los distintos grupos parlamentarios de que únicamente introduciendo ciertos cambios sustanciales, suprimiento algunas limitaciones y abordando la norma con un sentido de la responsabilidad y algo de valentía, este texto podría servir de base para un régimen de transparencia eficaz, de garantía para el ciudadano y sólido en el cumplimiento de los estándares internacionales", explica un portavoz de las tres organizaciones.
Entre las enmiendas estaban propuestas de UPyD e Izquierda Plural que pedían el reconocimiento como derecho fundamental, pero ha pesado más el derecho a la protección de datos
Después de las diferentes idas y venidas en el debate del texto, con el abandono incluido de la izquierda y su vuelta tras lograr que Rajoy compareciera ante los diputados por el escándalo Bárcenas, el Gobierno no parece dispuesto con esta aprobación a permitir que el acceso a la información sea considerado un derecho fundamental. Su postura la argumentan en valoraciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo de antes de 2003. "Este posicionamiento nos sitúa por debajo de los estándares internacionalmente reconocidos que rigen la transparencia y el derecho a la información, cuyo reconocimiento más reciente como derecho fundamental se produjo el pasado 25 de junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre las enmiendas propuestas estaban las de UPyD y la Izquierda Plural que pedían este mismo reconocimiento para España, pero parece que ha pesado más el derecho fundamental a la protección de datos", manifiestan.
Este proyecto de Ley de Transparencia del que desde hace meses muchos grupos y asociaciones vienen quejándose, terminará dejando fuera información de interés para el ciudadano, como notas, informes internos, memorando o comunicaciones internas de peso importante en las decisiones de tipo político o administrativo. Esto haría imposible que España pudiera suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos oficiales, que sí incluye este tipo de información.
También lamentan las asociaciones que aunque están incluidas en el proyecto, entidades como las formaciones políticas, los sindicatos, las patronales empresariales y otros órganos privados no tendrán que dar a conocer más información económica, estadística o presupuestaria que las subvenciones o contratos con la administración. "Ningún organismo al margen de la administración tendrá que publicar información económica, presupuestaria y estadística, como por ejemplo, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas anuales o las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos. No estarán obligados a publicar este tipo de información instituciones como la Casa Real, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Banco de España", explican desde Qué hacen los diputados.
Sin embargo, sí aplauden la decisión de que las entidades privadas con un 40% de financiación pública a través de ayudas o subvenciones o más de 100.000 euros anuales del erario deban someterse también a esta ley.
Casa Real, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, CGPJ o Banco de España no tendrán que publicar información económica, presupuestaria y estadística
Un polémico órgano revisor
Otro importante apartado que desata las quejas de las asociaciones pro transparencia es la creación del Consejo de la Transparencia, el órgano que deberá velar por el cumplimiento de la Ley, que no estará adscrito al Ministerio de Hacienda como en un primer momento estaba previsto. "Aunque la norma no aclara el proceso de elección de los miembros de su comisión, sí deja claro su origen. Serán un diputado, un senador, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal", exponen.
Para ellos, la vinculación de la mayoría de estos miembros con el Ejecutivo pone en duda la futura independencia del organismo, cuyo presidente, además, será nombrado directamente mediante Real Decreto por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, aunque deberá ser refrendado en el Congreso. "El nuevo texto establece las funciones del Consejo de Transparencia y de su presidente (artículo 29 septies, nuevo artículo 38), que son tareas de asesoría, de promoción de la transparencia, colaboración con otros organismos o de velar por el cumplimiento de la ley, pero no tendrá ninguna capacidad sancionadora para los infractores de la ley según el texto actual", comentan.
Con esta decisión de acabar el debate a las enmiendas tras más de un año de trabajo, la Comisión remitirá el texto al pleno del Congreso en Septiembre, para que lo apruebe y se envíe al Senado, donde proseguirán con su tramitación. "Las tres organizaciones deducimos que de un proceso de tramitación tan opaco como el que ha rodeado a esta ley surge una ley poco ambiciosa, laxa, con pocas garantías de proteger un derecho ciudadano y con escasas expectativas de eficacia contra la opacidad institucional y la corrupción. Por eso lamentamos que se haya desaprovechado esta gran oportunidad", concluyen en un comunicado conjunto.
