Repsol no está sólo en su presión al Gobierno. Las otras compañías refinerías en España, Cepsa y BP, se unen a su reivindicación tras conocer el acuerdo entre el PSOE y Sumar. “Mantener este gravamen pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética”, explican estas compañías en un comunicado conjunto de su patronal, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).
Cepsa, BP y Repsol advierten este lunes de manera conjunta que su pacto tendría serias consecuencias en la competitividad del sector, el proceso de transformación de la industria, así como el empleo, la autonomía energética de España y en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización del país.
“La intención de prorrogar el gravamen en el tiempo -recogida en el acuerdo entre las dos formaciones políticas que aspiran a formar Gobierno- penaliza a las compañías que están invirtiendo en España, en su reindustrialización, en la creación de empleo y en la descarbonización de su industria y de los sectores que constituyen su demanda, como el transporte aéreo, marítimo y terrestre”, explica la AOP.
Repsol es dueño de cinco de las ocho refinerías, Cepsa de dos y BP de una. Las empresas recuerdan que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del PNIEC. Este borrador del PNIEC 2023-2030 eleva las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones de euros, de las que el 85% deben provenir del sector privado.
“Si se mantiene este gravamen, las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria”, denuncian. “Las compañías a las que AOP representa tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones superiores a los 16.500 millones de euros, que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo- y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización”, amplían.
Repsol, Cepsa y BP avisan a Europa
Las empresas, entre las que se incluye otras petroleras como Galp o Gunvor, consideran que prorrogar un gravamen, que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea, centrada en el impulso de la competitividad y del liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas, así como de la normalización de los mercados penalizando a la industria española, que no genera beneficios extraordinarios.
Repsol, Cepsa y BP explican que, además, la importancia capital del sector durante los peores meses de la invasión de Ucrania por Rusia, en los que España no sufrió problemas de suministro de energía gracias a las inversiones que las compañías refineras habían realizado para mejorar la capacidad y flexibilidad de sus instalaciones. Asimismo, durante la crisis del coronavirus, estas compañías recuerdan al Gobierno que soportaron importantes pérdidas para mantener operativas sus refinerías y abiertas sus estaciones de servicio, con el fin de garantizar el abastecimiento de productos básicos.
Ayuda en sus gasolineras
Las petroleras defienden que sus campañas comerciales en sus gasolineras ayudaron "durante los peores meses de la inflación con descuentos adicionales". Las rechazo a este impuesto, que vulnera la normativa existente y se ha diseñado de manera defectuosa. Además, la propuesta debería esperar a los pertinentes informes que tanto la UE como el Gobierno español deban emitir para analizar los impactos del primer año de vigencia del gravamen.
Repsol, Cepsa y BP reiteran, finalmente, "la necesidad y la urgencia de un marco regulatorio y fiscal que incentive las inversiones en la transición energética de esta industria, así como la creación de empleo que estas inversiones llevan aparejadas".
