La situación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sigue siendo alarmante casi un año después del estallido de la pandemia y, según advierten sus empleados a Vozpópuli, seguirá siendo así a menos que el Gobierno tome medidas para evitarlo.
El colapso en la tramitación de prestaciones, que alcanzó su máximo en los peores momentos de la pandemia, en abril, no ha dejado de existir, ya que las distintas oleadas de la covid-19 han ido generando nuevas restricciones administrativas por territorios y, en consecuencia, nuevas situaciones de precariedad para empresas y empleados. A día de hoy, en algunas comunidades, como Madrid, no es posible conseguir una cita en el SEPE hasta dentro de tres meses.
Da igual que el trámite sea la solicitud de una prestación o subsidio, la entrega de documentos requeridos por el propio SEPE, la presentación de un parte de baja por Incapacidad Temporal o maternidad/paternidad, o la gestión del cobro indebido de una prestación. En todos los trámites el solicitante tendrá que esperar hasta finales de abril o mediados de mayo, en función de su zona de residencia, para poder ser atendido.
En otras comunidades como Cataluña o Baleares, el colapso es tal que ni siquiera se puede conseguir una cita previa a través de la página web y las líneas telefónicas están saturadas.
La gestión farragosa de los ERTE entorpece el trabajo
"Ha recaído una carga de trabajo demencial sobre el organismo. Ahora mismo, las comunidades autónomas tienen competencia para abrir o cerrar distintas actividades, lo que está provocando que en algunos territorios tengamos más carga de trabajo por los ERTE en función de lo que deciden", explica a este medio Manuel Galdeano, coordinador nacional del sindicato de empleados públicos CSIF en el SEPE.
Hace hincapié, de todos modos, en que los ERTE sólo son una de las ocho medidas extraordinarias que derivan en prestación por desempleo que han surgido desde la irrupción de la covid-19, y que ha tenido que gestionar el SEPE, a las que se suman las prestaciones de otra naturales que ya eran competencia de este organismo.
"Los ERTE son el tema estrella, porque requieren una gestión muy farragosa que está lastrando el resto de las gestiones que tenemos que hacer", admite.
Un 300% más de carga de trabajo
Según los cálculos de CSIF, la carga de trabajo del SEPE del mes de abril del año pasado se incrementó un 530% en comparación con la del mismo mes del año anterior, pero este aumento no fue homogéneo en todo el territorio nacional: "en Madrid o Barcelona aumentó un 900% y en Baleares, un 1.300%", apunta.
"Después de un año agotador, la carga de trabajo se ha normalizado un poco pero sigue siendo un 300% superior a la de 2019", con datos a cierre de diciembre de 2020.
Al incremento sin precedentes en el volumen de trabajo se suma que la plantilla del SEPE ya venía mermada de la crisis anterior. Desde el año 2008, este organismo ha perdido en torno a 3.400 trabajadores que no han sido repuestos.
Las personas que se han incorporado al SEPE provienen de bolsas de desempleo que no tienen nada que ver con la gestión de prestaciones. No es meter el DNI en el ordenador y darle al 'Enter', es un trabajo complejo"
Para intentar solventar la situación, el Ministerio de Trabajo ha aprobado la incorporación de 1.500 efectivos, pero CSIF denuncia que "provienen de bolsas de desempleo que nada tienen que ver con el SEPE ni con la gestión de las prestaciones por desempleo, un trabajo cualificado que no puede hacer cualquiera".
"No es meter el DNI en el ordenador y darle al 'Enter', es complejo tramitar y gestionar las prestaciones", advierte. Estas personas se fueron incorporando gradualmente el año pasado y su contrato expiraba en diciembre, pero el Ministerio decidió ampliarlo hasta marzo, pese a que el SEPE ha insistido en que la prórroga debe llegar al menos hasta fin de año.
El paro va a seguir subiendo y el trabajo del SEPE, también
CSIF pide que la prórroga dure al menos hasta final de año: "Estamos en la pelea, lo hemos denunciado porque es una locura: ahora que se enteran de cómo funcionan las prestaciones, les toca irse. Además, las previsiones económicas para España son nefastas en lo que tiene que ver con el empleo, así que no tiene sentido prescindir de ese capital humano al que estamos formando a marchas forzadas", denuncia Galdeano.
Se refiere a que, aunque se espera que la actividad económica repunte este año y el Producto Interior Bruto (PIB) rebote en torno a un 5%-6% -según las previsiones de la Comisión Europea-, las previsiones sobre el empleo son mucho más pesimistas y todos los organismos, incluido el Gobierno, pronostican un incremento de la tasa de paro hasta situarse entre el 17% y el 18%.
El Ministerio, por su parte, sigue negando que haya colapso en el SEPE. “A mí no me consta (…) Esa situación de colapso no es real, estamos en 700.000 personas afectadas por ERTE, no en 3 millones y medio. ¿Que pueda haber errores? Sí, pero son puntuales por defectos de tramitación", defendía hace unos días la ministra Yolanda Díaz en TVE.
"Si hay alguien que tenga un expediente que ha llegado al SEPE y no le ha sido abonado es tan sencillo como que se dirija a nosotros y se lo vamos a abonar porque casi siempre son errores de tramitación”, apostillaba.
