El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, dijo de la reforma laboral que ha sido refrendada hace unos días por el Congreso de los Diputados por un solo voto de diferencia, que “si no toca el tema del despido quedará coja”. Puede que no le falte razón, pero como destacó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “en política se va paso a paso”.
Son muchos los frentes que el Gobierno tiene abiertos en materia social y Díaz no ha escondido nunca que el tema del despido “hay que cambiarlo, al igual que otras muchas cosas”. Tiempo habrá parece aventurar la ministra, aunque puede que en esta legislatura haya cosas más urgentes que atender, por mucho que el líder de CCOO insista en que “hay que meter dificultades al despido. Si es libre y barato, las empresas tendrán tendencia natural a despedir”.
El número de trabajadores afectados por despidos se ha movido en los últimos cinco años entre los casi 110.000 de 2017 y los cerca de 118.000 de 2019, según los datos del Ministerio de Trabajo. Eso sí, la tendencia a la baja que se apreció en 2020 se quebró el pasado año, a falta aún de los datos pormenorizados del último trimestre. En los nueve primeros meses de 2021, los despidos han afectado a 114.151 trabajadores, casi la misma cifra que en todo 2020 y más que en el año 2018.
El aumento de los despidos el pasado año está relacionado con el fin de algunas de las protecciones aprobadas por el Gobierno durante la pandemia con el fin de estabilizar el mercado de trabajo tras la irrupción de la Covid 19. Sólo de esta manera puede explicarse que la cifra de afectados entre enero y septiembre de 2021 haya sido un 56,5% superior a la de los mismos meses de 2020 (72.940) y la mayor de los últimos cinco ejercicios.
En marzo de 2020, a los pocos días de declarar el estado de alarma, el Gobierno aprobó una batería de reales decretos ley, en uno de los cuales se adoptaban medidas complementarias para que nadie se aprovechara de la crisis sanitaria para despedir por causas objetivas ni extinguir los contratos temporales durante el tiempo que duró esa situación excepcional.
En los nueve primeros meses de 2021, los despidos han afectado a 114.151 trabajadores, casi la misma cifra que en todo 2020 y más que en el año 2018
De los 114.151 trabajadores afectados por despidos de los nueve primeros meses del pasado año, 34.084 fueron por sentencia; 51.440, por conciliación; 20.154, por desestimiento, y el resto, 8.473, por motivos variados. Del total de sentencias dictadas, 23.590 (el 69,2%) fueron favorables al trabajador, otro 12,96%, favorables en parte, y 6.074 (el 17,82%), desfavorables.
Llama la atención el crecimiento del número de trabajadores despedidos mediante sentencia, que ha sido del 49,4% en relación con las cifras de 2020, y también el aumento del número de sentencias favorables, que sube un 68,09%. Los despidos mediante conciliación entre las partes aumentaron en los últimos doce meses un 57,56%.
Mientras el número de despedidos se disparó en 2021, la cuantía media de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores sigue reduciéndose año tras año, de acuerdo con los datos que publica el Ministerio de Trabajo en su Estadística de Asuntos Judiciales Sociales. De los 12.368,3 euros de percepción media del año 2015 se ha pasado a 8.545,5 euros en los nueve primeros meses de 2021, lo que supone un descenso del 30,91%, equivalente a 3.823 euros.
Es muy probable que este descenso encuentre su razón de ser en que los despidos en los últimos ejercicios han tenido como protagonistas a trabajadores y colectivos con cada vez menor antigüedad en la empresa y, por tanto, con salarios intermedios.
Despidos por sentencia
Los despidos realizados mediante sentencia tienen siempre una percepción superior que los efectuados a través de conciliación. En 2015, por ejemplo, la cuantía media de 12.368 euros se eleva a 13.520 si hay sentencia de por medio y baja a 11.572 cuando se hace en un acto de conciliación. Los últimos datos de Trabajo, correspondientes al tercer trimestre, señalan que los despedidos mediante sentencia reciben de media 10.426 euros y aquellos que pierden su trabajo después de una conciliación, 7.501 euros, un 28,06% menos.
Por comunidades autónomas Andalucía, Madrid y Cataluña concentran la mitad de las sentencias favorables que se dictan en los juzgados de lo social, un porcentaje que se corresponde prácticamente con el peso del número de sus ocupados sobre el total nacional. Sorprende, sin embargo, el dato de Baleares, que con un número de ocupados de 536.900, según la última EPA, el 2,65% del total nacional, absorbe el 8,52% de las sentencias.
Mientras los agentes sociales esperan el momento para mover ficha en la batalla laboral del despido, las aspiraciones de sindicatos y patronal parecen imposibles de conciliar. Las centrales aspiran a que se vuelvan a pagar los salarios de tramitación en los despidos improcedentes y que la indemnización vuelva a los 45 días por año trabajado en lugar de los 20 que permitió la reforma de Fátima Báñez de 2012.
La CEOE quiere que los despidos colectivos tengan umbrales propios y no por empresa, que se cree un nuevo contrato indefinido con una indemnización de 15 días por año trabajado (que no afectaría a los que están ya firmados) y que solo se puedan llevar a los tribunales los despidos en caso de fraude, dolo, coacción o abuso.
