El Ministerio de Economía tiene en sus manos poner fin al chollo de las tarjetas revolving pero no termina de dar el paso. La Secretaría de Estado del Tesoro ha preparado una orden ministerial que obliga a los bancos a amortizar al año al menos un 25% del total de los préstamos de este tipo, lo que supondría que la vida máxima de estos créditos no superaría los cuatro años. De esta forma, se pondría coto a las desmesuradas comisiones que se exigen en este tipo de producto.
Fuentes conocedoras de la situación han explicado a este medio que la medida se iba a aprobar en enero, pero Economía decidió frenarla sin ningún motivo aparente. De hecho, en el propio borrador de la orden ministerial a la que ha tenido acceso Vozpópuli se expone que la entrada en vigor tendría que haber sido el pasado 2 de enero de 2020.
No obstante, fuentes ministeriales consultadas por este medio han subrayado que la norma "sigue su proceso" y que se aprobará "próximamente", tal y como anunció la vicepresidenta Nadia Calviño en el Congreso de los Diputados el pasado jueves.
La tarjeta revolving es un producto de crédito que comercializan las entidades mediante acuerdos con marcas comerciales de confianza como cadenas de supermercados, aerolíneas o compañías telefónicas. El riesgo de este tipo de préstamo está en el alto interés que se paga cuando se utiliza en la modalidad de crédito, en ocasiones es cercano al 30%. Además, el propio cliente en muchas ocasiones no sabe lo que está contratando y mucho menos el tiempo que le costará amortizar dicho préstamo.
El mayor foco de riesgo está en las fases previas a la contratación, es decir, en la publicidad y en la información precontractual que se ofrece al potencial cliente, así como en la actuación de los intermediarios del crédito, según el Banco de España, que ha endurecido la supervisión de este tipo de productos desde 2018. Las cuantías financiadas con estas tarjetas no suelen superar los 3.000 euros, pero su distribución masiva hace que sea un peligro para los niveles de morosidad de la banca.
¿Qué propone el Tesoro?
Con esta orden ministerial, el organismo dependiente del Ministerio de Economía, a parte de delimitar la vida del préstamo, también exige que la cuota máxima anual tenga como referencia el 40% de los ingresos netos anules del cliente, por lo que se acota aún más la cuantía final a financiar.
Asimismo, se obliga a las entidades a evaluar la capacidad del cliente para cumplir con las cuotas mensuales antes de firmar el contrato. Los bancos también deberán contar con procedimientos internos nuevos "específicamente desarrollados para llevar a cabo la evaluación de solvencia".
Por otro lado, las entidades tendrán que analizar de nuevo el perfil del cliente si éste decidiera ampliar la línea de crédito y se reseña que un seguro de amortización en ningún momento servirá para evitar la evaluación de solvencia del cliente.
