La Audiencia Nacional ha decidido sobreseer y archivar la denuncia contra la familia Botín por las cuentas que la familia tenía en Suiza y que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a acusarla de evasión de impuestos y fraude fiscal. El juez permite a la familia de banqueros regularizar hasta 200 millones de euros mediante declaraciones complementarias por las cuentas suizas del HSBC heredadas del padre de la familia, Emilio Botín, durante la Guerra Civil española.
La sentencia ha provocado la denuncia de “trato de favor” por parte de los técnicos de Hacienda que –citando el auto—señalan que Hacienda disponía de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción del delito, al contrario que lo que declaró el entonces director de la Agencia, Luis Pedroche, que permitió a los Botín presentar declaraciones complementarias. Los técnicos de Hacienda consideran que “nunca se debió permitir la regularización voluntaria”, lo que les permitió librarse de las sanciones y de una posible condena penal.
"La sentencia pone de relieve la falta de interés de la Agencia Tributaria", denuncian los técnicos
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "la denuncia archivada pone de relieve la falta de interés y la calculada incapacidad de la Agencia Tributaria que dedicó a esta investigación muy pocos efectivos. Estos reconocen además su imposibilidad material para valorar en un año la ingente documentación y las declaraciones complementarias aportadas, lo que obligó a la Fiscalía a presentar la denuncia a la Audiencia Nacional en el último momento para evitar que el delito prescribiese penalmente".
El procedimiento de Hacienda que nunca existió
La presentación de declaraciones complementarias sólo está permitida antes de que Hacienda detecte la comisión de un posible delito. Sin embargo, el juez Fernando Andreu entiende que el método que empleó Hacienda para apercibir a los Botín “no suponía una actuación de comprobación, verificación de datos ni comprobación limitada o inspección”, tal y como recoge la sentencia. Por ese motivo permite a los Botín presentar esas declaraciones complementarias y evitar la sanción penal que acompaña tradicionalmente a esos apercibimientos.
Los técnicos de Hacienda critican también lo que califican como una “deficiente investigación judicial de los presuntos delitos de estos contribuyentes al asignarse solo a dos peritos judiciales que no han podido más que limitarse a verificar exclusivamente la información incompleta aportada por las defensas de los imputados”, tal como reconocen los propios peritos en la sentencia.
En la sentencia, los propios peritos reconocen que “la documentación (que se ha revelado ingente) no ha podido ser contrastada ni con la información obrante en la Base de Datos Nacional de la AEAT (salvo en algún caso muy puntual) ni con información obtenida de terceros” aunque concluyen que les ha permitido “la verificación en grado suficiente de los hechos acaecidos entre 2005 y 2009”.
El origen de la causa
El procedimiento penal surgió a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción cuando se filtraron los datos de cuentas secretas del banco suizo HSBC en 2010. Entre ellas las de unos 3.000 ciudadanos españoles. Esta actuación llevó a la Agencia Tributaria a investigar a 659 contribuyentes, dos de ellos personas jurídicas y otros 657 físicas, que tenían más de 3.000 cuentas en Suiza, en las que podría haber entre 6.000 y 8.000 millones de euros.
