El futuro se presenta difícil para José Luis Olivas. Enfrentado a Rodrigo Rato, discutido en Bancaja, donde varios consejeros dan ya por segura su salida de la presidencia, pese a su actual enroque en el cargo, y señalado, incluso judicialmente, por su gestión al frente del Banco de Valencia. Un grupo de pequeños accionistas del banco levantino, que representan poco más del 1% de su capital, ha conseguido sentarle en el banquillo donde tendrá que responder como imputado de su gestión al frente de la entidad participada por Bankia.
Será en mayo, cuando Olivas y el resto del antiguo consejo de administración del Banco de Valencia declararán como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, después de que el juez haya admitido a trámite la querella presentada por esta asociación en la que se acusa al número uno de Bancaja de falsedad contable, administración desleal y delito societario.
En la querella se argumenta que el valor neto contable de la acción se fue reduciendo desde los 2,88 euros por acción que valía a 31 de diciembre de 2009 a los 2,66 euros a la misma fecha de 2010 y a los 0,75 euros a 31 de diciembre de 2011, y se considera que el agujero es "tan enorme" que es "imposible" que no lo supieran, según el abogado Diego Muñoz-Cobo, letrado que encabeza la demanda interpuesta por la asociación de accionistas minoritarios.
La denuncia, presentada el pasado 28 de febrero con la adhesión de 137 accionistas, está dirigida contra los miembros del consejo de administración -15 personas- y otros órganos de dirección, como la comisión ejecutiva, la de nombramientos y retribuciones y el comité de auditoría y cumplimiento. Diego Muñoz-Cobo, confía en alcanzar una representación de entre 4 y 5 millones de acciones, lo que supondría el 2 % del capital del banco. Mientras, los grandes accionistas del Valencia rehusaron participar en la demanda. "Les ofrecimos formar parte de nuestra denuncia pero declinaron la solicitud", explica el abogado.
Además de Olivas, que gestionaba la entidad al ser Bancaja el accionista mayoritario del Valencia con el 39% de los títulos, también declararán como imputados Antonio Tirado, Domingo Parra, Celestino Aznar y Agnés Noguera, así como el representante de Deloitte. De hecho, la demanda solicita a tres compañías de seguros que respondan si estos delitos se confirman. Una de estas compañías representa a la firma auditora. Además, el grupo de pequeños accionistas también pretende que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, tenga que dar explicaciones en el juzgado por, a su juicio, "negligencia" en la labor de supervisión. En este sentido, Muñoz-Cobo ha solicitado al juzgado tener acceso a las actas de inspección del organismo supervisor, de estos últimos años, para comprobar si han existido desfases contables en las cuentas del Banco de Valencia. "Sospechamos que el Banco de España estaba al corriente de la situación que atravesaba el banco y no ha hecho nada para solucionarlo", admite el abogado.
La situación de imputado no le parece a Olivas un motivo suficiente para abandonar la presidencia de Bancaja. De hecho, el pasado viernes, durante la reunión del Consejo de la caja valenciana, que se centró en la aprobación de las cuentas para este año, el propio Olivas defendió su inocencia como gestor del Valencia. Según algún asistente a la reunión el presidente de Bancaja llegó a asegurar que "estar imputado no equivale a estar condenado".
No es la primera vez que Olivas se enroca en la presidencia de la caja alicantina. Ni siquiera la intervención del Banco de Valencia el pasado mes de noviembre, que le costó tener que dejar la vicepresidencia del grupo BFA-Bankia, fue motivo suficiente para que hiciera lo propio en la caja valenciana.
Posible expediente del Banco de España
Además del expediente judicial en trámite, Olivas se enfrenta a una posible apertura de denuncia informativa por parte del Banco de España por su gestión al frente del Banco de Valencia. Como informó Vozpópuli, los consejeros del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en Bancaja han remitido una carta a los organismos reguladores integrados en el FROB en los que pide que se abra un expediente informativo a Olivas.
La carta exige al Banco de España, a la CNMV y al Ministerio de Economía qu depuren responsabilidades e impongan las sanciones que sean pertinentes. El sindicato denuncia posibles episodios de gestión dolosa de intereses privados, y afirma que la presidencia de Olivas supone “un riesgo reputacional para Bankia”, en la que se integra Bancaja.
Pendientes del inicio de la subasta
La declaración de Olivas ante el juzgado en mayo puede coincidir con la adjudicación del Banco de Valencia, cuya subasta tendría que haberse iniciado hace más de un mes. Nomura, el banco de inversión que ha realizado el cuaderno de venta, aún no ha comenzado a distribuir el documento entre las diferentes entidades interesadas en acudir a la puja. "Va a ser una subasta muy concurrida. Todas las entidades están buscando un Esquema de Protección de Datos (EPA) que les facilite digerir la enorme carga de provisiones que ha impuesto el decreto de saneamiento inmobiliario", aseguran fuentes del sector.
Junto a BMN, la primera entidad en declarar públicamente su interés en acudir a la puja del Valencia, la mayoría de entidades que no alcanzan los 100.000 millones de tamaño en activos estarán presentes en el proceso. Aunque entidades como Liberbank, el banco liderado por Cajastur, Unicaja o Kutxabank no necesitan acometer una fusión para cumplir con las exigencias de saneamiento inmobiliario a lo largo de este año, y así se lo han hecho saber al Banco de España, todas ellas particiarán en el proceso. "Ibercaja también formará parte de la nómina de interesados", admiten desde el sector, a pesar de que Amado Franco, presidente de la caja aragonesa, asegurase que tras la integración de Caja 3 el nuevo grupo es un "proyecto finalista". Incluso alguno de los grandes, como el Santander o el Popular, también pueden acudir a la subasta.
Con el EPA, que cubra al comprador de las futuras pérdidas de la entidad valenciana, se habrá agotado los fondos actuales del Fondo de Garantía de Depósitos. Actualmente, Economía y el Banco de España negocian cómo es va a instrumentar la financiación para las próximas subastas. La gran banca, que no está dispuesta a sufragar nuevas derramas al FDG, defiende que el FROB emita un préstamo para dotar al fondo de bancos y cajas de liquidez para acometer las operaciones. La otra gran opción que se baraja es una emisión de deuda del propio Fondo de Garantía de Depósitos con el aval del Estado.
