La batalla por la privatización de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) se acabará dirimiendo en el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado los recursos presentados por todas las partes implicadas: el Gobierno de la Generalitat y los dos consorcios que pujaron por la concesión: el liderado por Acciona, al que el Ejecutivo autonómico adjudicó el contrato; y el encabezado por Aguas de Barcelona (Agbar), que había recurrido esta adjudicación.
Precisamente éste fue el primer recurso que llegó hasta el TSJC. Agbar estimó que la adjudicación fue irregular ya que la oferta de Acciona no cumplía todos los preceptos del pliego de condiciones. Agbar solicitó una suspensión cautelar de la adjudicación, que ha sido desestimada.
Sin embargo, apenas una semana después de la firma del contrato, el Organo Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), dependiente de Presidencia de la Generalitat, falló en contra de la decisión tomada por el Ejecutivo que lidera Artur Mas y dio la razón a Agbar, lo que motivó nuevos recursos al TSJC, en este caso del consorcio de Acciona y de la propia Generalitat. Recursos que también solicitaban medidas cautelares contra la decisión del OARC y que también han sido tumbados por el TSJC.
Así las cosas, Acciona ya ha anunciado en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su decisión de recurrir a la instancia superior, el Tribunal Supremo. El contrato de ATLL está valorado en 1.000 millones de euros, que la Generalitat ha procedido a apuntarse para cuadrar sus cuentas de 2012 y rebajar en buena medida su déficit. Si se revocara su decisión, debería devolver a Acciona los casi 300 millones adelantados en el momento de la firma y, además, indemnizar por los cerca de tres meses que lleva el consorcio operando en las instalaciones de ATLL.
Mientras, el Gobierno catalán estudia presentar recurso contra la decisión del TSJC, según anunció el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila.
