Acciona estima que si se anulara la adjudicación de la gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), que el grupo de la familia Entrecanales ganó en un concurso hace ahora tres años, la Generalitat de Catalunya tendría que pagarle al menos 295,9 millones de euros. El grupo de construcción advierte que en el contrato firmado el 27 de diciembre de 2012 se incluyó una cláusula que establece que en caso de resolución antes del plazo de cincuenta años, cualquiera que fuera la causa, la Administración satisfaría a la empresa concesionaria con una compensación que cubriera determinados gastos.
La estatización de la gestión del agua ha sido una de las condiciones exigidas por los independentistas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) para llegar a un acuerdo de gobierno en Cataluña con Junts pel Sí y mantener a Artur Mas como presidente de la Generalitat. Junts pel Sí ofreció una última propuesta de gobierno a la CUP en la que se contempla, entre otros puntos, la promesa de replantear la gestión del agua. Dicha propuesta fue la que votaron el domingo en asamblea los anticapitalistas y que terminó con un sorprendente empate (1.515 votos a favor y los mismos en contra). Será el consejo político de la CUP el organismo que finalmente decida si aceptan la propuesta de Junts pel Sí, el próximo dos de enero.
La estatización de la gestión del agua ha sido una de las condiciones exigidas por la CUP para llegar a un acuerdo de gobierno en Cataluña con Junts pel Sí y mantener a Mas
La Generalitat adjudicó la gestión de ATLL en el mayor proceso de privatización acometido nunca en la Comunidad Autónoma, valorado en 1.000 millones de euros. Acciona se adjudicó ese contrato aliándose con el banco brasileño BTG Pactual, pero el concurso fue recurrido por Agbar, que también pujó por la gestión del agua consumida por cerca de cinco millones de habitantes de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha señalado la existencia de vicios ocultos en el procedimiento de licitación.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores requirió a Acciona información adicional sobre este contencioso el pasado 25 de noviembre, y la compañía envió su respuesta al regulador del mercado español el 23 de diciembre. En ella el grupo español explica que la Administración catalana tendría que compensarle en caso de resolución del contrato por la parte no amortizada del canon inicial, 281,2 millones; por la parte no amortizada de las obras, 4,4 millones; y por gastos adicionales "derivados estimados por importe de 10,3 millones". La compañía añade que además esta cantidad, en total 295,9 millones, no incluye "la correspondiente reclamación por gastos adicionales derivados de una terminación anticipada del contrato y por los posibles daños y perjuicios que procedan".
Acciona sostiene que el hecho de que el TSJC haya señalado en sentencia la existencia de "eventuales vicios en fase de licitación", no afecta "de manera negativa a la compensación a la que tendría derecho la sociedad concesionaria". Además indica que se han interpuesto "los correspondientes recursos de casación ante el Tribunal Supremo" y que los asesores jurídicos "no tienen duda de que los recursos serán admitidos".
