Más complicaciones para el consorcio español que construye la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina. El histórico plan anunciado por el Gobierno de Arabia Saudí para paliar los efectos de la caída de los precios del petróleo conlleva una serie de ajustes que aleja definitivamente la posibilidad de que se haga cargo de los sobrecostes asociados a la obra, que en su conjunto superan los 6.000 millones de euros.
El Gobierno de Riad dio a conocer este lunes el programa confeccionado para hacer frente al desequilibrio causado en sus finanzas por el desplome de los precios del petróleo, del que depende actualmente el 90% de los ingresos de Arabia Saudí. Denominado Visión Saudí 2030, el plan contempla una serie de ambiciosas medidas para que en 2020 la economía local pueda salir adelante incluso en el caso de que no existiera el crudo. Toda una revolución en el principal productor del mundo que, además, hace necesario un buen número de ajustes, que harán inviable la asunción de los sobrecostes.
Hasta ahora, el Gobierno saudí había dejado clara su oposición a afrontar los sobrecostes de la construcción, aunque el asunto forma parte de las negociaciones que mantiene con el consorcio para tratar de adelantar la fecha de entrada en servicio de la línea. Sin embargo, los planes de ajuste de la economía local cierran definitivamente la puerta a cualquier compensación.
El pesimismo en el seno del consorcio se ha acrecentado tras conocer los detalles del plan Visión Saudí 2030, cuyos hitos principales pasan por la venta de un pequeño porcentaje de Aramco, la petrolera estatal, y la constitución de un fondo soberano que pasará a ser el mayor del mundo, con más de dos billones de dólares. Este fondo tiene como fin compensar los ingresos que deje de percibir como consecuencia de la bajada de los precios del petróleo.
Enfrentamiento entre las empresas
La situación hace, si cabe, más complicada la negociación para tratar de que el cliente del proyecto, la Organización Saudí de Ferrocarriles (SRO, por sus siglas en inglés), asuma al menos parte de los sobrecostes asociados a la construcción de la línea de alta velocidad.
Precisamente, estas negociaciones y la postura de las autoridades locales se cuentan entre los focos de enfrentamiento entre las 12 empresas españolas que forman parte del consorcio Al-Shoula. En este caso, se constata la existencia de dos frente: el constituido por las compañías públicas, esto es, Renfe, Adif e Ineco; y el de las empresas privadas (Talgo, Cobra, Copasa, OHL, Imathia, Consultrans y Dimetronics), sobre cuáles deberían asumir la factura de los sobrecostes.
Además, se da la circunstancia de que, en este caso, el contrato no especifica un mecanismo concreto para litigios de este tipo. Es decir, no está contemplado un proceso de arbitraje internacional para dirimir circunstancias como éstas sino que todo depende de un posible acuerdo entre las partes. Un acuerdo que, a día de hoy, se antoja prácticamente imposible.
Por lo demás, la SRO se ha mostrado satisfecha en sus últimas visitas a la obra con el ritmo al que se llevan a cabo los trabajos. Hace tiempo que los retrasos dejaron de ser un problema para el desarrollo de la obra y la relación, siempre complicada, entre el cliente y el contratista. No sucede lo mismo con el plano financiero.
