Nuevos problemas para Arturo Fernández. El todavía presidente de CEIM se ha topado con la negativa del auditor de Grupo Cantoblanco, la firma Horwath Auditores, a verificar las cuentas de Cantoblanco Catering Service correspondientes al ejercicio 2013 después de que las anteriores auditorías se saldaran con salvedades relacionadas con falta de información por parte de la compañía. Hasta que Horwath ha dicho “basta”.
De este modo, Cantoblanco Catering Service, que desde el pasado mes de octubre se encuentra en situación de concurso de acreedores, ha comunicado al Registro Mercantil que su auditor “ha renunciado a realizar la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2013, en cumplimiento del artículo 7.3 del Real Decreto 1517/2011 de 31 de octubre”.
El texto legal en cuestión, que desarrolla la Ley de Auditoría, recoge básicamente la posibilidad de que la firma auditora renuncie a verificar las cuentas de la compañía por diversos motivos, entre los que se encuentra la falta de información por parte de la empresa.
En el caso de Cantoblanco llueve sobre mojado. En las últimas auditorías, Horwath ha insistido en las mismas salvedades, relacionadas por la falta de información de los precios que emplean las diferentes compañías del grupo para hacer transacciones y facturarse entre ellas, toda vez que buena parte del negocio se desarrolla entre filiales.
Transparencia
En el último informe de auditoría de Cantoblanco Catering Service, Horwath indica que “no hemos dispuesto de la información suficiente que nos haya permitido comprobar el adecuado cumplimiento de las disposiciones fiscales y legales aplicables a la valoración a precios de mercado aplicados en las operaciones realizadas entre empresas vinculadas y del grupo de empresas al que pertenece la sociedad”.
Ante esta situación, Arturo Fernández consiguió que las sociedades de su grupo estuvieran exentas de tener que informar sobre los precios que empleaban como referencia para realizar transacciones entre ellas.
Sin embargo, la exención entraba en vigor a partir del 1 de junio de 2013, con lo que las compañías se vieron obligadas a cerrar un ejercicio parcial a 31 de mayo.
Precisamente, este ha sido el que Horwath ha rechazado auditar, lo que ha comunicado oportunamente a la empresa.
Recientemente, Cantoblanco Catering Service presentó concurso voluntario de acreedores tras dejar de prestar diversos servicios relacionados con Administraciones Públicas. En los últimos meses, hasta 12 empresas del grupo de Arturo Fernández han tenido que acogerse a la fórmula antiguamente conocida como suspensión de pagos debido a su delicada situación financiera.
