La primera semana de octubre marca un antes y un después para el sector financiero catalán. La tensión provocada por el referéndum del 1-O ha hecho que CaixaBank y Banco Sabadell tengan que acelerar sus planes de contingencia y trasladar su sede social.
La entidad presidida por Josep Oliu lo hizo ayer mismo, tras la convocatoria de un consejo de administración extraordinario de urgencia. Su nueva sede social está en Alicante, donde antiguamente se dirigía el futuro de CAM.
Sabadell se apresuró a explicar que toman la decisión "para proteger los intereses de nuestros clientes, accionistas y empleados". Y aclaró que "continuará desarrollando con absoluta normalidad su actividad al servicio de las empresas y las familias en todos los territorios" y que la medida no implica "movimiento de empleados".
Es decir, se mueve el domicilio social por una cuestión de seguridad para los depositantes y confianza para los accionistas, pero el resto sigue igual. Aun así, la entidad tiene planes para el supuesto de que se declarara la independencia unilateral: el negocio en Cataluña pasaría a ser una filial de un hólding con todo el negocio del grupo. Esta entidad tiene en torno 17.000 empleados y a 2.200 oficinas en España. De éstas, 638 están en Cataluña.
El plan de CaixaBank
CaixaBank todavía va un paso por detrás, ya que la entidad presidida por Jordi Gual ha tenido que esperar a que el Gobierno anuncie un real decreto que facilite el movimiento de su domicilio social.
Será este viernes cuando el consejo de CaixaBank se reúna a tratar el posible cambio de sede, que presumiblemente sería a Baleares. El movimiento sería en el mismo sentido que Sabadell: cambiar el domicilio social, pero no mover equipos.
Al margen de las dos grandes entidades catalanas, sigue habiendo pequeños bancos que todavía no han comunicado si seguirán los pasos de CaixaBank y Sabadell, como Banco Mediolanum, Privat Bank y Cofidis.
