El estreno del Canal de Isabel II en el mercado de bonos será por todo lo alto. Nada menos que con una emisión de 500 millones de euros que se llevará a cabo en 2015, probablemente en primavera, antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, los ingresos que la compañía pública obtendrá por la operación no repercutirán en la mejora de la infraestructura sino que irá a parar íntegramente a la amortización de parte de la deuda que la empresa mantiene con las entidades financieras.
La compañía presenta un endeudamiento de algo más de 1.150 millones de euros, de los que un 65% se corresponde con deuda con entidades financieras, con vencimientos a largo plazo, en la mayoría de los casos.
A pesar de esta circunstancia, el Canal amortizará parte de esa deuda con los ingresos de los bonos con el fin de abaratar el coste de la deuda, dado que el tipo medio que paga por los préstamos financieros se va por encima del 4%, mientras que la compañía espera emitir deuda por debajo de estos tipos.
La operación ha generado una fuerte polémica que se reflejó en la sesión del pasado jueves de la Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposición (PSOE, IU y UPyD) vertieron fuertes críticas sobre la operación ante el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que también es el presidente del consejo de administración de Canal de Isabel II Gestión, al que acusaron de realizar una privatización encubierta con la emisión de bonos.
Generosos dividendos
La oposición del Gobierno de Ignacio González, que en su día también fue presidente del Canal de Isabel II, clamó contra el hecho de que mientras la emisión bonos se destina a reestructurar una deuda que no genera problemas de pago a una compañía que el año pasado ganó más de 200 millones de euros, la mayor parte de estos beneficios se destinan a pagar dividendos a los accionistas de la compañía, que son la Comunidad de Madrid y más de un centenar de ayuntamientos de la región, en lugar de destinar parte de esas ganancias a la amortización del endeudamiento.
Por su parte, Victoria explicó que el objetivo de la operación es que la compañía pueda ahorrarse entre cinco y diez millones de euros anuales en costes financieros. “Los bonos no son convertibles en acciones, por lo que la operación no afectará a la propiedad del Canal, que seguirá siendo de todos los madrileños”, señaló el consejero.
Paradójicamente, Victoria destacó que el Canal de Isabel II tiene una de las menores ratios de endeudamiento frente a fondos propios del sector, por lo que aquellos que se oponen a la emisión de bonos no entienden por qué los ingresos se destinarán a refinanciar la deuda.
Es uno de los factores que hacen pensar a la oposición que la emisión de bonos es un primer paso para un nuevo intento permitir la entrada de capital privado en la compañía, algo que el PP ya intentó, sin éxito, a comienzos de la presente legislatura, culminando un proceso que se desarrolló a lo largo de la anterior.
Remuneración e imputados
La junta extraordinaria que aprobará la emisión de bonos del Canal de Isabel II también dará luz verde a que los consejeros de la compañía perciban una remuneración por primera vez. Entre ellos se encuentra José Manuel Serra Peris, imputado por el ‘caso Bankia’, circunstancia que también ha ocasionado las críticas de la oposición.
La asamblea de la compañía se celebrará el próximo 3 de diciembre. Tres días antes tendrá lugar una manifestación convocada por la Plataforma contra la Privatización del Canal, que también se hará notar en los alrededores de la sede de la empresa el día de la junta.
