Sacyr daba por hecho que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cedería y abonaría al consorcio que lidera los sobrecostes reclamados por las obras de ampliación de la infraestructura centroamericana, que a cierre de 2012 se elevaban a 665 millones de dólares.
De esta forma, el grupo constructor justificó el hecho de que la citada partida se recogiera en el apartado de ingresos por parte de GUPC, en la que la compañía española participa con un 48% del capital. “Se estimaba probable que el cliente aceptará las reclamaciones registradas”, señala Sacyr en el contenido de un requerimiento formulado por la CNMV en la que inquiría a la compañía sobre varios aspectos relacionados con sus cuentas anuales.
Precisamente, la negativa de la ACP a pagar estos sobrecostes ha derivado en una tensa situación en tanto en cuanto el consorcio ha amenazado con abandonar los trabajos si no se atiende a esta demanda.
Además, Sacyr también asegura en el comunicado a la CNMV que las obras de ampliación del Canal de Panamá transcurrían según los plazos previstos cuando, en realidad, acumulan retrasos próximos a los nueve meses. Aun con esta circunstancia, la compañía precisaba que no tenía en consideración ninguna penalización por los plazos. Sin embargo, el retraso en la entrega de la obra podría acarrearle una multa de hasta 50 millones de euros.
Auditados por KPMG
No obstante, el grupo constructor y de infraestructuras aclara que el apunte de las reclamaciones como ingresos está contemplado en las normas internacionales de contabilidad y que las cuentas de Grupo Unidos por el Canal correspondientes al ejercicio 2012 fueron auditadas por KPMG, que emitió un informe favorable.
Sin embargo, en la cuestión de los plazos de los trabajos llevados a cabo en Panamá, la compañía se limita a señalar que "se están ejecutando dentro de los plazos establecidos", cuando desde hace algún tiempo el consorcio asumió que no sería posible entregar la obra en la fecha establecida por la ACP, es decir, en octubre de 2014, cuando se cumple el centenario de la apertura de la infraestructura.
Las previsiones apuntan a que será durante la primavera de 2015 cuando los trabajos lleguen a su fin. Siempre y cuando, eso sí, no sufran nuevos retrasos derivados de las tensiones abiertas entre el consorcio y las autoridades panameñas.
