La Comisión Europea ha iniciado este jueves una investigación en profundidad para aclarar si la financiación pública que ha recibido Correos entre 2004 y 2010 está en línea con las normas europeas en materia de ayudas de Estado o bien ha supuesto una compensación "excesiva" por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal.
Bruselas actúa tras recibir dos denuncias contra el operador postal español, al que acusan de haberse beneficiado de medidas de ayuda pública ilegales e incompatibles con las reglas de la UE, según Europa Press.
La UE investigará además las exenciones fiscales, las ampliaciones de capital y las compensaciones por distribuir propaganda electoral
El Ejecutivo comunitario admite que alberga "dudas" sobre si se ha compensado en exceso a Correos por la prestación de servicio universal, ya que los niveles de rentabilidad alcanzados por la compañía con ese apoyo público "parecen superar el nivel de beneficio razonable autorizado" por la legislación comunitaria que regula las compensaciones de este tipo.
Las normas de la UE autorizan ayudas estatales por este tipo de servicios públicos, siempre que no supongan una compensación excesiva para la empresa. La UE establece límites para "minimizar el falseamiento" de la competencia y garantizar un "uso eficiente" de los recursos públicos, ha explicado Bruselas.Correos presta el llamado 'servicio postal universal', por el que asegura servicios básicos en todo el país a precios asequibles y de acuerdo a requisitos mínimos, como el número de entregas semanales.
En su investigación en profundidad, la Comisión examinará otras medidas como las exenciones fiscales concedidas a la marca, las ampliaciones de capital y la compensación por la distribución de material electoral.
No tocan la Seguridad Social ni las pensiones
Sin embargo, no investigará ni el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de los funcionarios, ni el plan de pensiones específico, que no obliga a Correos a cotizar para la financiación de las pensiones.
En el primer caso, Bruselas no cree que se trate de una ayuda ilegal, porque no confiere "ningún beneficio" económico, mientras que en lo que al sistema de pensiones se refiere, la institución comunitaria concede que es una ayuda pública que da una ventaja sobre los competidores de Correos, pero no debe recuperarse porque existía antes de la adhesión de España a la UE.
Una vez abierta la pesquisa formal, el Gobierno español y otras partes interesadas pueden ahora enviar sus observaciones. La Comisión recalca que este procedimiento no prejuzga el resultado final de la investigación.
José Damián Santiago fue el presidente de Correos entre 2004 y 2012.
