A mediados del pasado mes de julio, Gas Natural decidió dar un paso adelante en defensa de sus intereses en Colombia. Harto de padecer tensiones de liquidez por los continuos impagos de facturas y el fraude masivo en el consumo de energía en la zona donde opera su filial Electricaribe, el grupo apeló al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de inversiones entre Colombia y España y notificó al Estado latinoamericano la existencia de una controversia. Pocos podían imaginar por entonces que, tan sólo nueve meses después, el escenario contemplara la liquidación de Electricaribe y un conflicto a mayor escala entre Gas Natural y el Gobierno colombiano, en los tribunales internacionales de arbitraje.
En realidad, Electricaribe es una de las herencias de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Fue la eléctrica gallega la que decidió, allá por el año 2000, adquirir la mayoría del capital de la empresa que abastecía de electricidad a las regiones del Caribe colombiano y que había sido privatizada apenas dos años antes.
En el proceso de venta de Electricaribe, por parte del Gobierno de Colombia, la adjudicataria fue la estadounidense Houston Industries, que no tardó en hacer un traspaso a Unión Fenosa. Ya por entonces, justo en los últimos estertores del siglo XX, Electricaribe padecía los efectos de la morosidad. Apenas lograba cobrar un 25% del volumen total de facturas que emitía.
Gas Natural se topó de bruces con el problema en 2009, cuando compró Unión Fenosa. A partir de entonces, manifestó en reiteradas ocasiones el problema a las autoridades locales, sin lograr grandes avances.
Recorte de inversiones
Como consecuencia de las tensiones de liquidez provocadas por la dificultad a la hora de cobrar las facturas (capítulo en el que no sólo se incluyen los hogares sino también abonados como escuelas, comisarías, ayuntamientos y hospitales), Electricaribe comenzó a recortar sus inversiones comprometidas para el mantenimiento y la mejora de las redes, lo que motivó el enfado y las protestas de las autoridades locales.
Vozpópuli dio cuenta de estas protestas a finales del pasado mes de agosto. Ya por entonces se hablaba de expropiaciones, intervenciones, expulsiones… En realidad, el particular culebrón caribeño de Gas Natural no había hecho sino comenzar.
A partir de la reclamación citada al inicio del artículo, el Acuerdo contemplaba un periodo de seis meses para negociar una solución pactada. De no alcanzarla, las partes serían libres para acudir a los tribunales de arbitraje.
Sin embargo, la delicada situación de Electricaribe precipitó los acontecimientos. La falta de liquidez provocaba que la empresa incrementara sus deudas con las compañías generadoras de electricidad y que las entidades financieras que garantizaban las operaciones comenzaran a ejecutar las prendas debido a los incumplimientos.
Llega la intervención
Desde inicios del mes de octubre, el Gobierno colombiano comienza a plantearse la intervención de Electricaribe, ante la amenaza de que su situación pueda provocar apagones en la región operada por la empresa. En las conversaciones entre las partes, el Ejecutivo colombiano reclama a Gas Natural que lleve a cabo las inversiones comprometidas para evitar males mayores. Por su parte, el grupo español insiste en solicitar al Gobierno medidas para paliar el fraude y la mora.
A comienzos de noviembre, Gas Natural se planta: no destinará ni un peso más a comprar energía a las generadoras. La segunda semana del mes concluye con una visita a Colombia de Isidro Fainé, que había sido nombrado recientemente presidente de la compañía (en sustitución de Salvador Gabarró) tras la entrada en el capital del fondo GIP. Junto al consejero delegado, Rafael Villaseca, Fainé se reúne con el presidente del país, Juan Manuel Santos, al que traslada en persona la decisión de la compañía. A continuación, Colombia interviene Electricaribe.
Mientras las fuerzas de seguridad toman las sedes de la empresa y el Gobierno nombra interventores, la compañía española empieza a temerse lo peor, aunque se guarda la baza de los tribunales de arbitraje. En principio, la intervención sería por dos meses. Apenas una semana después, el Gobierno local asegura haber localizado el problema. Pero cuando llega la hora de tomar una decisión, decide prorrogar durante otros dos meses la intervención.
Pírrica prórroga
Con la decisión prácticamente tomada de acudir al Ciadi, Gas Natural decide darse otra oportunidad. Plantea al Gobierno que no tomará esa decisión hasta que no concluya la intervención. Dos meses más para negociar en los que se intensifican unas negociaciones que, hasta entonces, no habían sido fluidas. Fainé vuelve a desplazarse a Bogotá a mediados de febrero para mantener una nueva cumbre con Santos. Será la última. El Gobierno toma nota de la postura de la empresa: quiere quedarse en el país e invertir pero solo lo hará si hay cambios normativos que le permitan luchar contra el fraude y la mora.
Sin ir más lejos, lo que empieza a hacer el Ejecutivo, ahora con las riendas de Electricaribe en la mano. Hospitales, colegios, ayuntamientos e incluso barrios enteros comienzan a sufrir cortes de electricidad por impago. El Gobierno Santos comprueba de primera mano que Gas Natural no mentía, el problema existía. Pero no da su brazo a torcer.
La última oportunidad para buscar un arreglo in extremis llegó este lunes, a 24 horas de que finalizara la intervención y el Gobierno tuviera que tomar una decisión. La inesperada presencia de Fainé (de nuevo en suelo colombiano) disparó los rumores sobre un posible acuerdo. Pero, esta vez, el culebrón acabó en tragedia.
