La denegación del permiso de explotación a la central de Santa María de Garoña, la más veterana de las nucleares españolas y parada desde diciembre de 2012, inicia un "periodo de transición" hasta la transferencia de la titularidad de la central a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), un proceso complejo y que podría llevar "varios años", según la exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Cristina Narbona.
En estos momentos, Enresa está preparando la documentación necesaria para solicitar el desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la central. Según explica en un comunicado, la compañía llevará a cabo, además, las actividades preparatorias del desmantelamiento en conjunción con el actual titular de la instalación, Nuclenor.
Enresa tiene experiencia en este tipo de procesos al ser la responsable del desmantelamiento de otras dos centrales españolas Vandellós 1 (Tarragona) y Zorita (Guadalajara) y un reactor experimental del Centro de Investigaciones Energéticas (CIEMAT), en Madrid. Durante este proceso administrativo y hasta su culminación, aclara Enresa, la titularidad exclusiva de la instalación continuará siendo de Nuclenor.
A Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola) les corresponde, entre otras, acondicionar los residuos operacionales y efectuar la descarga del combustible gastado de la piscina a los contenedores, suministrados por Enresa, para su disposición en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central. Ello como paso previo a su remisión al Almacén Temporal Centralizado, cuando éste se encuentre disponible.
La compañía también deberá colaborar con Enresa en las actividades preparatorias para el desmantelamiento. Administrativamente, la Empresa de Residuos Radiactivos debe presentar al Ministerio de Energía el "estudio básico de estrategias para el desmantelamiento" para su envío al CSN y solicitar su autorización al posterior "Plan de Desmantelamiento".
En paralelo, se deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental y solicitud de la autorización, como prevé el del Tratado de Euratom (artículo 37) sobre el posible impacto transfronterizo de esta operación. Para proceder al desmantelamiento, el Plan debe obtener el informe favorable del CSN -máximo organismo en materia de seguridad y protección radiológica- y la consiguiente autorización del Ministerio de Energía.
Todo este proceso "tardará varios años", ha asegurado a Efeverde la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien ha recordado el caso de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita, que cesó su actividad en 2006 y cuyo desarme sigue activo.
El desarme de la central José Cabrera de Almonacid de Zorita, que cesó su actividad en 2006, sigue todavía activo
En cuanto a plazos, Narbona ha indicado que "tenemos experiencia con el caso de Zorita", en el que se decidió su cese en 2002, durante el mandato del expresidente José María Aznar (1996-2004), tras un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pues "era una central de 40 años, pequeña, que hubiera requerido, igual que Garoña, inversiones elevadísimas".
Sin embargo, quince años después, su desmantelamiento aún continúa en marcha, "a pesar de que se trató de un proceso mucho más claro desde el principio, sin los equívocos y las falsas promesas que se han dado sobre Garoña", ha apostillado Narbona.
Otra de las centrales clausuradas en España que se encuentra en un proceso bastante avanzado de desmantelamiento es la de Vandellós I, cerrada tras un incendio en 1989, "por el que hubo razones de seguridad que hicieron que el proceso fuera distinto".
Expertos en energía nuclear consultados por Efe coinciden en que la mejor solución es "dejar de producir residuos radiactivos para no tener que preocuparse de su almacenamiento". Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas de energía nuclear, Francisco Castejón, ha considerado que "no sería disparatado dejar los residuos en ATI de forma temporal ante la falta de una solución técnica satisfactoria" que, por otro lado, dice "ningún país ha hallado todavía".
El especialista en temas de energía y miembro fundador de la consultora ambiental Salvia Team, Carlos Bravo, ha insistido en que "no tiene sentido producir un residuo que no tiene solución", e insiste en que "habría que abrir un gran debate a nivel europeo para una solución más allá de los ATI".
