La central pasa a estar controlada por la empresa pública Enresa, que será la encargada de este desarme que se espera que finalice en 2033

Enresa comienza los trámites para el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, cuyo coste no va a salir barato. Sólo el estudio de la ingeniería de la operación se va por encima de los 10 millones de euros

El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña comenzará en el segundo semestre de 2019, según las estimaciones que la empresa propietaria de la planta, Nuclenor, ha hecho llegar a los

Burgos, 9 sep (EFECOM).- Nuclenor, propietaria de la central nuclear Santa María de Garoña, y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo para el expediente de regulación de empleo que se

La Comisión Mixta que organizará la "salida ordenada" de los 277 trabajadores de la Central Nuclear de Santa María de Garoña ha quedado constituida esta mañana para comenzar a trabajar, en

El anuncio del cierre de Garoña ha sido el último revés para Juan Vicente Herrera, quien medita dejar la presidencia de la Junta de Castilla y León antes del final de la legislatura. 

Sin embargo, la existencia de elementos rotos hace el proceso "más complejo y peligroso" porque hay que sacarlos evitando que se produzca cualquier pérdida de uranio, un material "altamente contaminante".

La transferencia de titularidad de la central a Enresa será un proceso complejo que la compañía deberá llevar a cabo junto a Nuclenor. Antes de que se cierren las puertas de Garoña, tendrán que completarse varios procesos administrativos y presentar diversos estudios, solicitudes y planes para desmantelar las instalaciones de forma segura.

La asociación que engloba a los profesionales de este sector ha asegurado este martes que la no renovación de la autorización socava la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Los técnicos creen que se ha trabajado un número de horas "ingente" a pesar de que había indicaciones de que la decisión política sería "contraria".

El cierre definitivo de Garoña. El ministro de Energía Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha resuelto así meses de incertidumbre sobre el futuro de la central nuclear burgalesa.

La junta general de Nuclenor, participada al 50% por las dos compañías, ha decidido no desistir de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización de su explotación por la falta de consenso en torno al futuro de la central.

La eléctrica entregó un informe de PwC que señala que el precio del megavatio debería subir más de un 30% para cubrir los gastos de la puesta en marcha de la central burgalesa.

Las propietarias de la central nuclear volverán a escenificar este miércoles su enfrentamiento por el futuro de la instalación mientras siguen sin escuchar el mensaje que quieren de parte del Gobierno: una rebaja fiscal que haga rentable el negocio.

El debate no es Garoña sí o Garoña no. Hay muchas más aristas.

El presidente de Iberdrola no está dispuesto a que el asunto de la central nuclear siga penalizando la imagen de la compañía, especialmente donde tiene su sede social, y responsabiliza al ministro Nadal de haber revivido la polémica de Garoña. Endesa, su socia en la central, prefiere esperar a la decisión del Ejecutivo.

El presidente de la entidad, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido a Endesa, su socio en Nuclenor, la sociedad que la gestiona, que desista de solicitar el permiso para que la planta reanude su actividad.

PSOE, Podemos, Ciudadanos y los soberanistas pactan una propuesta junto a los abertzales para exigir al Gobierno que no reabra la central nuclear de Santa María de Garoña. El PP lamenta que no genere "sospechas" la iniciativa de Bildu.

En el Ministerio de Energía consideran que la discusión sobre si prolongar o no la vida de la central de Garoña derivará en una decisión que influirá sobre el modelo energético español para los próximos diez años.

Una asociación de técnicos de seguridad nuclear denuncia que el CSN destinó numerosos recursos para la elaboración de los informes que estipulaban las condiciones para la reapertura de la central de Garoña pese a las sospechas de que las propietarias no tienen intención de revitalizar la instalación.

Paradójicamente, el futuro de la central de Garoña se ha complicado con la posibilidad de que prolongue su vida útil. Sin embargo, será el sacrificio necesario para que el Gobierno pueda llevar a cabo su apuesta por la energía nuclear con el resto de centrales.

El rendimiento de la central nuclear a Garoña debería ser estratosférico para que su apertura hasta 2031 fuera rentable para su propietaria, Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola. La suma de las inversiones, pasadas y futuras, para volver a arrancar el reactor se va por encima de 400 millones de euros.

El cumplimiento de las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear para que la central vuelva a poder realizar la carga de combustible llevará aproximadamente un par de ejercicios. A los trabajos que ya estaban realizándose se añaden otros incorporados a la normativa tras el accidente de Fukushima.

El Consejo ha evaluado la solicitud formulada por Nuclenor, el titular de Garoña para conocer las condiciones para operar hasta 2031, cuando llegue a la edad de 60 años, aunque en el dictamen no establece una fecha máxima, algo que alegan que corresponde, en su caso, al Gobierno.

Tras el visto bueno del CSN, corresponderá al Ministerio de Energía decidir si autoriza a Nuclenor a volver a conectar la planta a la red, ya que está parada desde 2012.

La tramitación de la reforma energética, el cierre de Garoña o el futuro del cementerio nuclear, estarán esta legislatura fuera del control del PP en el Congreso.

Horas antes de que todos los partidos acordaran la comparecencia urgente del presidente del CSN ante la Comisión de Industria, su equipo mandaba un incendiario email interno para tratar de poner en contra del sindicato de técnicos ASTECSN al resto de funcionarios. 

La delegación española en OIEA dijo apostar por "la seguridad nuclear y la protección radiológica", pero ha silenciado los problemas y polémicas habidos en los últimos tiempos: reapertura de Garoña, construcción del cementerio nuclear y suceso en Almaraz.

Un equipo de técnicos avanza en el proceso formal de cierre mientras otro grupo lo hace para cumplir con las exigencias del Gobierno y del presidente Marti de reabrir la planta burgalesa. El acta del último pleno valida el Plan de Emergencia en parada.

El presidente del CSN aborta a última hora un encuentro con el Comité Asesor del organismo en el que iba a recibir fuertes críticas a su gestión en decisiones tan polémcias como la reapertura de Garoña o las autorizaciones exprés del basurerno nuclear.

El presidente del CSN ninguneó la labor de los expertos que heredó de la anterior etapa y ahora nombrará a otros cuatro asesores (dos repiten) y se guarda un quinto nombramiento de su cuerda para evitar las críticas internas.

Tener la central nuclear cerrada, pero lista para operar en caso de que reabra, cuesta al mes 6 millones de euros a sus dueños, que acumulan 'números rojos' de más de 250 millones desde que cesó su actividad.  

Los dueños de la central creen que su futuro es inviable económicamente con las nuevas inversiones necesarias y anunciarán que desisten de su intención de reabrirla después de las elecciones. 

Gobierne quien gobierne, tendrá que afrontar decisiones polémicas sobre la construcción del basurero nuclear en Villar de Cañas, la reapertura o cierre definitivo de Garoña y el desmantelamiento del judicializado Castor. Y prepararse para perder los arbitrajes internacionales por el hachazo renovable. Año muy complicado para el sector energético.

En Garoña quieren que reabra la central nuclear y en Villar de Cañas que se construya, de una vez, el basurero nuclear. Así que todos (o casi todos) a votar al PP, garante de estos proyectos. Pero, ¿qué pasa en Puertollano, donde el actual Gobierno ha dejado caer Elcogás? Pues que los electores municipales se han cargado al PP y han optado por el PSOE. También en Mieres, municipio del carbón cabreado con Rajoy, el partido de Pedro Sánchez se ha hecho con el bastón de mando.

El CSN no quiere que los técnicos del organismo tengan acceso a informes tan polémicos y sometidos a presión política y empresarial como los de Garoña y el basurero nuclear. Así que todos los trabajos y estudios relacionados con ellos se han declarado confidenciales para que el Pleno tenga el control total sobre las decisiones en curso.

Si finalmente se reabre la central, polémica asegurada, y si no, también. Así que Rajoy no quiere sustos durante este año electoral y dilatará los plazos para que sea el nuevo Gobierno que salga de las elecciones el que decida sobre la planta en 2016.

Endesa e Iberdrola, los dueños de la central, presentan en plazo toda la documentación exigida por el supervisor nuclear para tramitar la reapertura de la planta, pero se quejan de que los requisitos impuestos son "muy exigentes" y les obligará a hacer más inversiones.

El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó en un pleno la aprobación de la instrucción técnica con nuevos requisitos de seguridad para estudiar la renovación de la central de Garoña 17 años más, con un análisis de seguridad limitado a 10 años.

El Gobierno y los dueños de Garoña (Endesa e Iberdrola) querían que la central nuclear volviese a funcionar lo antes posible, pero el CSN, y en particular la consejera Narbona, imponen más requisitos de seguridad y que se respeten los plazos establecidos por ley.

Las estrictas exigencias del CSN, los nuevos impuestos por valor de 150 millones y la sorpresiva sanción de 18,4 millones impuesta por la CNMC ponen muy cuesta arriba la reapertura de Garoña. Sus dueños se replantean la decisión frente al desmedido interés del Gobierno.

Se considera que la sociedad participada al 50% por Iberdrola y Endesa cerró la planta sin pedir permiso: "No se puede reducir la capacidad de producción de energía eléctrica sin la correspondiente autorización".

El consejo extraordinario de Nuclenor, que tuvo lugar esta mañana, aprobó la decisión de solicitar formalmente la renovación de la licencia de la central nuclear para que vuelva a operar tras permanecer cerrada desde diciembre de 2012.

El presidente de la eléctrica ha apuntado que se están tomando todas las "medidas oportunas" y el consejero delegado, Andrea Brentan, ha explicado que los motivos económicos que causaron el cierre han desaparecido, en alusión al impuesto que gravaba de forma retroactiva el combustible nuclear gastado.

Garoña, que aún permanece cerrada, sigue los pasos de Almaraz y construirá un Almacén Temporal Individualizado para guardar en sus instalaciones los residuos nucleares, ante el retraso del ATC de Villar de Cañas, que no estará operativo en la fecha prevista, 2018.

Crecen las sospechas de que el Ejecutivo y el CSN van a una en la puesta en marcha de Garoña y que los ceses ordenados por Marti en la central "están relacionados con el objetivo del Gobierno de forzar la reapertura" de la central nuclear.

Es su mejor resultado desde que en 2009 Zapatero puso fecha a su clausura. En 2012, su último ejercicio en funcionamiento, la sociedad que explota la central nuclear, Nuclenor, declaró unas pérdidas de 133 millones de euros.

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear del 26 de febrero, a propuesta del presidente Fernando Marti, decidió fulminar por sorpresa a Inmaculada Córdoba, jefa de servicio de Garoña durante 20 años, y a Alfredo Mozas, inspector residente. El relevo se produce en un momento muy delicado, con la central parada pero preparándose para reabrir en línea con los deseos del Gobierno. La maniobra de Marti persigue colocar en la planta a dos personas de confianza para que no entorpezcan el proceso.

La planta ha pedido permiso para construir un almacén que albergue provisionalmente la basura radiactiva, pero su puesta en marcha llevará tiempo. Un eventual retraso del ATC dificultaría más el proceso si Iberdrola y Endesa deciden reabrirla.

Una instrucción del CSN publicada en el BOE en 2009 obliga a todas las centrales que quieran operar más de 40 años a presentar, con una antelación de tres, un Plan de Envejecimiento. Si el Gobierno no cambiara la Ley, Garoña no podría reabrir hasta 2017.