La triquiñuela administrativa que necesitaban Endesa e Iberdrola para seguir explotando la central nuclear de Garoña está ya disponible para el público disfrute de todos aquellos que quieran escarbar en los procelosos fondos de la Administración Pública.
Porque lo del cierre y (no cierre) de la planta burgalesa será digno de estudio en cualquier escuela de negocios en el apartado de ‘Uso y abuso de la burocracia administrativa’. El cierre de Garoña lo dictó Zapatero sólo por una pura motivación política; Rajoy llegó al Gobierno y dijo que seguiría abierta; y su ministro de Industria, José Manuel Soria, en guerra abierta con las grandes eléctricas por la reforma energética, ha jugado con ella como moneda de cambio. Ha apurado los plazos para, en el último momento, saltarse al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y aprobar la orden ministerial de su cierre el mismo día que cuela un Real Decreto que permite que siga abierta.
Hoy es el último día de operatividad de Garoña, que a partir de ahora está en situación de “cese de explotación” y como tal funcionará conforme a las directrices de seguridad del CSN.
Pero la central nuclear que a través de Nuclenor controlan Endesa e Iberdrola no tendrá que llegar a la siguiente fase, la de desmantelamiento. Sobre ella pesa la preceptiva orden ministerial que hoy publicará el BOE y que certifica ese cierre por cumplirse el plazo del 6 de julio de 2013 como último día de su actividad.
Era un secreto a voces que tanto Soria como las dos grandes eléctricas querían que la central siguiera abierta, pero mientras se dilucidaba su futuro han jugado con ella en los despachos, convirtiéndola en el arma arrojadiza de sus cuitas sobre la reforma energética.
La vicepresidenta deja claro que el Gobierno trabajará para que se cambien las normas y Garoña siga abierta. Por eso Soria desempolva el Real Decreto y lo actualiza
Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó claro que Industria ha firmado la orden que certifica que hoy día 6 de julio expira su permiso de explotación, pero “dado que este cese se produce por motivos económicos y no de seguridad”, el Departamento que dirige Soria procederá a las “modificaciones normativas necesarias” para que siga abierta.
Y el ministro canario ha cumplido con creces el mandato de su vicepresidenta, porque ayer mismo desempolvó un “Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”. Es un texto sobre la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), pero el Ministerio aprovecha su rango de Real Decreto para modificar las condiciones de cierre de las centrales nucleares.
Sin embargo, lo hace puenteando al CSN, porque este texto fue enviado al supervisor nacional de seguridad nuclear en marzo pasado. Allí se aprobó por unanimidad, pero el que ahora desempolva Soria cuela de rondón un párrafo que allana el camino a la reapertura de la central. “Dicho cese de actividad tendrá, desde la propia fecha en la que surta efectos su declaración, carácter definitivo cuando haya estado motivado por razones de seguridad nuclear o de protección radiológica. En otro caso, el titular podrá solicitar, a fin de reanudar la actividad, la renovación de la autorización de explotación dentro del plazo de un año”, reza el texto del Real Decreto.
Y claro, tanto la vicepresidenta como la orden ministerial dejan claro que el cese de actividad se produce por puras “razones económicas”, no de seguridad.
El párrafo que va a salvar Garoña no estaba en la versión que vio el CSN. El consejo del supervisor nuclear tendrá que volver a informar sobre este Real Decreto que ha sido modificado única y exclusivamente para subsanar todo el galimatías administrativo que ha sufrido Garoña en los últimos meses, lo que ha generado malestar en el cuerpo técnico del organismo que preside Fernando Marti.
Ahora, Endesa e Iberdrola vuelven a disponer de un año para solicitar la reapertura de la central, periodo que ya intentaron obtener hasta hace un mes, pero que no consiguieron porque nunca llegó la esperada orden ministerial que les hubiera permitido pedir la prórroga de un año.
Ahora, las dos grandes eléctricas tendrán que retratarse de verdad, porque tendrán que hacer las inversiones necesarias para que el CSN permita a Garoña funcionar en lo que resta de década.
