Ajena a la “intuición” del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que sus negociaciones con Iberdrola y Endesa permitirán revocar el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), previsto para el próximo mes de julio, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que será la responsable del desmantelamiento de la planta, acaba de convocar el primer contrato relacionado con la clausura de la instalación, una vez que sus propietarias han comunicado su cierre.
La empresa estatal, cuyo presidente, Francisco Gil-Ortega, recalcó en noviembre pasado en el Congreso de los Diputados que, a esa fecha, Nuclenor todavía no había dejado constancia "fehacientemente y por escrito" del cierre de la planta, se gastará un máximo de 600.000 euros (sin incluir el IVA) en la adjudicación del servicio de ingeniería para la revisión de la documentación de explotación relativa a la parada de la central. Esta lleva parada desde mediados de diciembre, poco antes de la entrada en vigor de la batería de impuestos al sector que, según dijo la semana pasada el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, hacen que la instalación sea "inviable" económicamente.
“El adjudicatario deberá efectuar una revisión y análisis de la documentación de explotación en parada, de manera que queden recogidas en la misma, con el detalle necesario, las actividades propuestas y puedan ejecutarse en el periodo de transición al desmantelamiento”, indica el pliego de condiciones del contrato, publicado este lunes en la web de Enresa.
En particular, se revisarán y propondrán las modificaciones pertinentes para la documentación de licencia preparada por Nuclenor, la sociedad que explota la planta (propiedad de Iberdrola y Endesa), que fue remitida al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado noviembre, según Enresa, y que incluye el estudio de seguridad, el reglamento y las especificaciones técnicas de funcionamiento, el plan de emergencia y otros documentos.
El contrato tendrá un periodo de ejecución de doce meses a iniciar a partir de julio y comprenderá, entre otras tareas, la definición de las actividades de descontaminación y la evaluación de los riesgos asociados a las mismas, así como el análisis de la documentación de explotación en parada “para incluir, con el detalle necesario, las citadas actividades y los riesgos asociados a las mismas, así como reducir requisitos reglamentarios en el proceso de transición y facilitar el licenciamiento de la fase de desmantelamiento”, señala el pliego.
La semana pasada, tal y como adelantó este diario el pasado día 8, Enresa se ciñó al guión previsto y adjudicó los primeros trabajos de ingeniería para la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas (Cuenca) a tres consorcios participados, de forma directa o indirecta, por Iberdrola Ingeniería, la filial de la eléctrica que el año pasado fichó como consejero a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.
La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP intercedió muy activamente para colocar al frente de Enresa a Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, exsenador, exvicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y sin experiencia previa en el sector.
