El abogado Curro Nicolau ha ampliado la denuncia que interpuso contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y ha añadido además, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras conocerse más detalles sobre la gestión de la DANA en Valencia. 

En su denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el letrado valenciano explica que se debe incluir a la Confederación por ser un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Ribera al que le compete alertar sobre la situación hidrológica de los barrancos y ríos que se desbordaron el 29 de octubre en Valencia. El escrito se hace eco de los correos que remitió la CHJ al Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), así como del mensaje que envió la ministra al presidente valenciano, Carlos Mazón, pasadas las 20.00 horas de la tarde. Nicolau explica al respecto que estos cargos también son "sujetos responsables de la falta de advertencia a la población" por no haber alertado antes del incremento del caudal del barranco del Poyo.

Del mismo modo recuerda que Pedro Sánchez debía haber convocado el Consejo de Ministros ante la magnitud de la catástrofe y haber declarado el estado de alarma. "Según hemos conocido por la prensa únicamente fueron desplegados en las primeras 48 horas varios centenares de la división de la UME de las Fuerzas Armadas, que lógicamente y como se ha comprobado fueron inapreciables para atender a cientos de miles de damnificados. Correspondía al Consejo de Ministros declarar el estado de alarma pero no fue convocado a tal fin en ningún momento", explica en su denuncia. 

El Supremo apunta a la inadmisión

Nicolau remite este escrito ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal después de que éste se haya pronunciado sobre la primera denuncia. En concreto, ha pedido informe a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado para que se pronuncien sobre el primer recurso que se presentó contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que los magistrados de la Sala Tercera dan por personado al denunciante, que apeló a la "inacción" del Gobierno tras la catástrofe que ha dejado más de 200 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Antes de proseguir con la tramitación del recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley de la Jurisdicción, óigase a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal sobre la posible inadmisión del recurso", exponen en la providencia de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Teso. Así pues, el alto tribunal apunta ya a una inadmisión de la denuncia apelando al artículo 51.1 de la citada norma sobre la jurisdicción Contencioso-Administrativa. En concreto se mencionan los tres primeros supuestos que regulan la inadmisión de los recursos y que son: la falta de legitimación del recurrente, el haberse interpuesto recurso contra actividad que no es susceptible de impugnar y por presentarse fuera de plazo. 

Ahora, en esta ampliación de denuncia, el letrado valenciano se adelanta al Supremo y expone que tanto Ribera como su 'número dos' y el presidente de la Confederación ostentan competencias en la gestión de la crisis y que deben responder por la "absoluta descoordinación" entre estos órganos y la Generalitat Valenciana. Al hilo explica que si la Sala considera que la competencia debe recaer en la Audiencia Nacional al tratarse de actuaciones de un ministerio, que se remitan las actuaciones a dicho órgano. No obstante, recuerda que el alto tribunal admitió a trámite hace apenas unas semanas diversos recursos planteados por comunidades autónomas contra el Gobierno por no convocar la Conferencia de Presidentes. "Es por ello que resulta innegable la competencia del Tribunal Supremo para conocer del presente recurso", razona. 

Descarta que sea un acto político

Además, Nicolau recuerda que está legitimado para actuar puesto que vivió en primrea persona los estragos de la DANA. En concreto, acudió a la localidad de Sedaví a socorrer a las personas afectadas y definió el escenario que se encontró como "apocalíptico". Además, incide en que el contenido del recurso es administrativo y no político. Ello es así porque se dirige contra personas y responsables de entes públicos que tenían competencia en los hechos pero que, pese a la gravedad de la situación, no intervinieron. 

Cabe recordar que el abogado valenciano interpuso este recurso contra el líder del PSOE y el ministro Marlaska y, en paralelo, otro contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el Tribunal Superior de Justicia. Este último echó a andar a finales de la semana pasada, después de que el órgano lo admitiera a trámite. En dicho pronunciamiento acordó, además, reclamar los expedientes administrativos de la Generalitat sobre las actuaciones previas a la riada del 29 de octubre. Al igual que en su denuncia contra el líder del Gobierno, ésta apela a la "inacción" del equipo de Mazón en la jornada del 29-O, en la que el mensaje de alerta por la situación se envió a los ciudadanos pasadas las 20.00 horas, cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado. 

La denuncia se dirigió contra "la presidencia de la Generalitat" y, también, la agencia de Seguridad y Emergencias, dependiente del equipo de Mazón. En ese sentido, el TSJ valenciano ordenó que, además de solicitar los expedientes, se "emplazara a los interesados" para que pudieran personarse en este procedimiento en un plazo de nueve días "en calidad de demandados". 

Así pues, mientras esta causa arranca en el TSJ valenciano, la interpuesta contra el presidente del Gobierno apunta a una inadmisión, a falta de que la Fiscalía y la Abogacía General del Estado se pronuncien sobre la misma. Al respecto se espera que rechacen igualmente, que se actúe contra los dos miembros del Gobierno. Nicolau expuso en su escrito que "ante la circunstancia de emergencia nacional" que vivieron las localidades aledañas al sur de Valencia, el Gobierno de España tendría que haber activado el estado de alarma que contempla la Ley Orgánica de 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Del mismo modo, razonó que el presidente del Gobierno no tenía que esperar a que Mazón solicitara ayuda al Estado central, ya que la competencia para la gestión de asuntos como esta catástrofe "es de carácter concurrente y solidaria" como ha declarado en varias ocasiones el Tribunal Constitucional. Entre las resoluciones mencionadas por el denunciante, figura la sentencia 123/1984, de 18 de diciembre, que regula el ámbito competencia estatal sobre Protección Civil. Los magistrados plasmaron en este fecho que, aunque las comunidades autónomas ostentan la competencia en asuntos de protección civil, la facultad queda subordinada a a las "superiores exigencias del interés nacional en los casos en los que éste pueda estar en juego".

"El Gobierno no invade competencias"

"De tal manera el TC ha definido en su jurisprudencia que en modo alguno en materia de emergencias se entiende que el Gobierno Central invade competencias autonómicas al tomar decisiones que únicamente le competen a Presidencia del Gobierno de España. Y es que resulta palmario que en el presente caso era competencia del Presidente del Gobierno ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas según se dispone en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.", expuso. 

Con todo, y al margen de este recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha registrado cerca de una decena de querellas y denuncias contra el presidente del Gobierno por la gestión central ante la catástrofe de Valencia. Fuentes jurídicas confirmana  Vozpópuli que dichas actuaciones se dirigen en su mayoría contra Sánchez y Marlaska, aunque también se han registrado contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y contra la ministra de Defensa, Margarita Robles. Del mismo modo también se actúa contra el presidente valenciano y la Generalitat.

Los autores de dichas actuaciones son el partido Iustitia Europa -que este mismo jueves ha ampliado su querella en el TSJ valenciano contra Mazón- el sindicato Manos Limpias (que ha registrado hasta tres escritos), la formación política Vox, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, el Movimiento para la Regeneración de España y dos particulares.

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