El Tribunal Supremo ha canalizado cerca de una decena de escritos (entre denuncias y querellas) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y tres de sus ministros por su gestión en la catástrofe de la DANA en Valencia. Se trata de acciones que se han registrado desde el pasado 29 de octubre en la Sala de lo Penal del alto tribunal contra el líder del PSOE y también contra los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que, a fecha de hoy hay un total de nueve denuncias y querellas interpuestas por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente. Las mismas fuentes explican que los autores de dichas actuaciones son entes como el partido Iustitia Europa (el cual también se ha querellado contra el presidente valenciano, Carlos Mazón), el sindicato Manos Limpias (que ha registrado hasta tres escritos), la formación política Vox, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, el Movimiento para la Regeneración de España y dos particulares.
En una de las querellas se cita al presidente valenciano, Carlos Mazón, y en otra a su ejecutivo, si bien los principales recursos contra la Generalitat se han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. De hecho, el TSJ valenciano ya ha admitido a trámite la primera de las demandas interpuestas contra el presidente del gobierno valenciano por la tardanza con el aviso del mensaje masivo, el cual se envió pasadas las 20.00 horas, cuando en localidades como Paiporta las riadas eran un hecho. En este caso, tras la admisión a trámite, el Tribunal Superior de Justicia ha solicitado al gobierno de Mazón los expedientes administrativos para que los entreguen en un plazo de nueve días.
Sánchez y Marlaska, los más querellados
Cabe recordar que, al margen de estas actuaciones, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo también ha registrado recursos para revisar la actuación del Gobierno central con las riadas que se han cobrado la vida de al menos 215 personas en la provincia de Valencia. Destaca, por ejemplo, el recurso interpuesto por Curro Nicolau ante esta Sala III para que actúe contra la "inactividad" inicial del presidente del Gobierno y de su ministro del Interior en los momentos posteriores a la catástrofe del pasado 29 de octubre. En su demanda, este abogado valenciano plasmó que fue testigo directo de las secuelas de la catástrofe y que el Ejecutivo central tenía la obligación de coger las riendas a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias de protección civil.
El primero en llevar la DANA a los tribunales fue Manos Limpias. Antes de querellarse contra miembros del Ejecutivo ante el Tribunal Supremo, el sindicato denunció en los juzgados valencianos a la presidenta de la AEMET, María José Rallo, por los delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave y daños. Días después amplió la denuncia e incluyó el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por no actualizar el alarmante dato sobre el caudal del barranco del Poyo hasta las 18:43 horas de aquel 29 de octubre.
"La Confederación encargada de los ríos tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros y solo han gastado 1,1 millón de euros en edificaciones preventivas y en cambio más de 8 millones de euros en pagos al personal. Todos estos elementos o circunstancias presuponen responsabilidad del denunciado", rezan los documentos a los que ha tenido acceso este medio.
"Omisión flagrante de sus obligaciones"
En paralelo, el partido Iustitia Europa interpuso las primeras querellas contra Carlos Mazón y Pedro Sánchez por prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave. En la primera de ellas detalló una "cadena de fallos y omisiones flagrantes" que derivó en que la Generalitat alertara tarde a los ciudadanos del desbordamiento del barranco del Poyo. "Pese a que las alertas de la AEMET advertían de lluvias torrenciales y riesgo extremo desde el 24 de octubre, el presidente autonómico, no solicitó la intervención de la UME hasta cuando ya existían las inundaciones, omitió la ley de protección civil y no solicitó el estado de alarma", expuso sobre el mandatario regional.
En lo que respecta a la querella contra Sánchez y Marlaska, Iustitia Europa expuso que "omitieron de manera flagrante sus obligaciones constitucionales", en tanto que el Gobierno central es la autoridad competente, "en exclusiva" para dar respuesta ante este tipo de catástrofes. Días después, y conforme se fueron conociendo más detalles de las horas previas a la riada del 29 de octubre, la formación amplió la querella para incluir a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En dicho escrito atribuyeron prevaricación por omisión a la ministra por "eludir conscientemente su deber de supervisión como responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar".
Además, la asociación Liberum interpuso demanda contra la Delegación del Gobierno en su condición del Ejecutivo en la Comunidad Valenciana, y solicitó medidas cautelarísimas para auxiliar la zona afectada por las inundaciones. La demanda por "vulneración del derecho fundamental a la vida", se presentó en el TSJ valenciano, pero éste se inhibió en favor del Tribunal Supremo al considerar que era competente para investigar los hechos.
