A principios de mes, el regreso a Cataluña de la cementera Molins tras marcharse durante el 'procés' fue saludada por muchos como un síntoma de que la comunidad catalana recuperaba el vigor económico de antaño. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no dudó en atribuir este retorno al "buen gobierno, estabilidad política y seguridad jurídica" que habría aportado su Ejecutivo al escenario catalán. Y el poder económico de la región, representado por el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, mantuvo que la vuelta de las empresas que la entidad ha venido vaticinando en los últimos tiempos se "está cumpliendo".
Este optimismo, sin embargo, choca con las cifras que hemos conocido esta semana sobre la marcha de la economía catalana. Que, a pesar del discurso de Illa y la patronal catalana, dista mucho de haber logrado mitigar la resaca del 'procés'. Según datos recabados por la consultora Informa D&B, Cataluña es la comunidad autónoma española que más empresas ha perdido hasta septiembre de este año, cifradas en 275 —saldo resultante de las 429 compañías que llegaron menos las 704 que se fueron—. Por el contrario, Madrid posee el mayor saldo positivo: 199 empresas. Y, para más inri, el 28% de compañías que arribaron a esta comunidad entre junio y septiembre procedían de Cataluña.
Conviene recordar que desde el 1 de octubre de 2017, Cataluña no ha dejado de perder sedes sociales en detrimento de otras regiones, sumando un total de 5.428 empresas perdidas. Y, a pesar de la euforia por la recuperación de la emblemática Molins, las compañías de mayor envergadura que se marcharon entonces como Caixabank, Banco Sabadell, Naturgy o Planeta no tienen intención alguna de volver a Cataluña. La causa para parte de los analistas estriba en que, mientras el separatismo forme parte del poder en Cataluña, las agencias de 'rating' siguen asociando la comunidad a la inestabilidad política. Y el anunciado cupo catalán pactado entre PSOE y ERC, pese a los privilegios previstos para la Generalitat, sigue envuelto en una incertidumbre que ahuyenta a las empresas.
Por lo demás, y aunque la fuga de empresas es el perjuicio más mediático de los causados por el 'procés', otras cifras evidencian que la economía catalana sigue averiada desde entonces. De acuerdo a los datos de la contabilidad regional facilitados por el INE, Cataluña es, con un 18,7%, la comunidad autónoma con menor crecimiento del PIB per cápita desde —justamente— 2017.
El CEC protesta por el "déficit fiscal"
Las preocupaciones de los economistas catalanes, pese a todo, discurren por otros derroteros. Y es que, según una encuesta realizada por el Colegio de Economistas de Cataluña (CEC) el 46,2% de sus expertos estima que el principal problema económico de la comunidad es el llamado "déficit fiscal". Esto es, la diferencia entre los impuestos recaudados en Cataluña y las transferencias que efectúa el Gobierno central al Ejecutivo autonómico. Una diferencia que los nacionalistas sitúan en torno a los 20.000 millones y que, aseguran, supone un "expolio fiscal" a este territorio —extremo negado por expertos como Ángel de la Fuente (Fedea), que señalan que el saldo fiscal de Cataluña es lo que le corresponde por renta y se ajusta a la norma—.
Como solución al presunto desequilibrio, el presidente de la CEC, Carlos Puig de Travy, defendió textualmente en junio la necesidad de que Cataluña "recaude todos los impuestos" y salga "del régimen común". Pocos días después, el Ejecutivo de Sánchez ofrecía a Esquerra su propuesta de "financiación singular" —que implica las citadas condiciones— a cambio de su apoyo para investir a Illa presidente de la Generalitat.
