El PNV ha arrancado al Gobierno importantes avances en su autogobierno en materia de fiscalidad internacional y ha rebajado el cupo que pagará en 2024 respecto al que venía aportando. El País Vasco tendrá competencias en materia de fiscalidad internacionales en foros de la Unión Europea y de la OCDE, además de poder gravar a no residentes. En lo que respecta al cupo, el País Vasco pasa de aportar 1.682 millones a 1.504,5 millones.
Las medidas fiscales que ha logrado están recogidas en el pacto rubricado con el PSOE el 13 de noviembre de 2023 a cambio de la investidura de Pedro Sánchez pero podían no cumplirse o tardar en implementarse. A nadie se le escapa que el cupo catalán que ha acordado el PSOE con ERC para la investidura de Salvador Illa ha podido tener un efecto dinamizador de las reivindicaciones vascas.
El debate que ha suscitado el cupo catalán inquieta en el País Vasco por las críticas que está suscitando al modelo y por ponerles en el foco. El propio Arnaldo Otegi se ha mostrado preocupado de que al Estado no le quede dinero para financiar el cupo vasco.
En lo que respecta a la presencia internacional de las autoridades fiscales del País Vasco, este miércoles la Comisión Mixta del Concierto Económico, integrada por representantes de la Administración General del Estado (AGE) y del Gobierno vasco, han acordado "la visibilidad de las Haciendas Forales en el ámbito internacional, y en particular, en el de la Unión Europea y en especial en relación con los regímenes de ventanilla única", según recoge una nota del MInisterio de Hacienda. En el pacto de investidura se explica que además, "se procurará la visibilidad de la información procedente de las haciendas forales en todo intercambio internacional que realice la autoridad nacional".
El texto del acuerdo contiene el compromiso del Gobierno a modificar el apartado Uno del artículo 21 del Concierto Económico, al objeto de "avanzar en el modelo actual de concertación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), de manera que sea posible la aplicación de normativa autónoma en el caso de contribuyentes no residentes que obtienen rentas en la Comunidad Autónoma del País Vasco sin disponer de un establecimiento permanente, con el compromiso de no incurrir en competencia fiscal".
Esto implica que el País Vasco podrá regular y recaudar el IRNR. En la práctica, le permitirá atraer inversiones y talento extranjero, a pesar de la alusión a que no competirá por estos contribuyentes.
A la espera del pacto fiscal con los socios
Uno de los puntos del acuerdo es que el Gobierno se compromete a modificar los artículos del Concierto Económico en los que se regula la competencia normativa correspondiente a determinados impuestos concertados de normativa común, incorporando las modificaciones necesarias al objeto de hacer posible que las Diputaciones Forales determinen el contenido de los modelos de cumplimiento de las obligaciones formales, cuando existan garantías suficientes de disponibilidad de la información necesaria procedente de fuentes distintas. La Comisión Mixta del Concierto ha fijado que se haga para 14 impuestos.
Algunas de las medidas dependen de que salgan adelante las enmiendas que pactó el PSOE con el PNV para el Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, texto que el Ejecutivo ha decidido que opere como ley de acompañamiento fiscal de unos potenciales Presupuestos de 2025. De momento no está encauzado y la Comisión de Hacienda se ha desconvocado este jueves y se ha agendado el lunes. Así, en el pacto de investidura se recoge la concertación del impuesto mínimo del 15% para los grupos de empresas multinacionales.
Este martes, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha cargado contra el "espectáculo" del pacto de PSOE y Sumar y la "inseguridad jurídica" y ha dicho que ve "muy complicado o imposible" un acuerdo sobre impuestos.
En paralelo, PNV y PSE preparan una reforma fiscal por la que las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa eleven a 19.000 euros anuales la obligación de declarar en el IRPF, fijada en 14.000 euros. Esta cifra es superior al Salario Mínimo Interprofesional que en 2024 se sitúa en 15.876 euros y al umbral que opera para las comunidades de territorio común.
