El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano del todopoderoso Álvaro, Jefe de la Oficina Económica del Gobierno, está formalmente acusado de “prevaricación” ante la Fiscalía Anticorrupción por “utilizar su poder para legislar de forma incorrecta y arbitraria” contra las energías renovables “a sabiendas” de que la norma que aprobaba era contraria a los criterios técnicos y “sólo buscaba unos objetivos concretos”, recortar 3.000 millones de euros al año al sector renovable para solucionar el déficit.
La Plataforma por un nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables, con el asesoramiento del despacho de abogados Holtrop, han redactado la denuncia definitiva contra el ‘número dos’ del ministro José Manuel Soria por “la arbitrariedad” en el desempeño de sus funciones al contratar “a dedo” a dos consultoras, a las que presionó para manipular las conclusiones de los informes que habrían de justificar el hachazo renovable, pero que nunca fueron utilizados.
Tal y como adelantó Vozpópuli, a Industria sólo llegó un informe, el de Roland Berger (Boston Consulting fue expulsada del proceso por no someterse a las presiones de Nadal), pero en una tercera versión (la única hecha pública) que finalmente llegó cinco meses después de que el Ministerio aprobase el ajuste renovable en junio de 2014.
La denuncia, que estará “colgada entre dos y tres semanas” en la web de la Plataforma y también de la Fundación para que a ella se adhieran mediante firma de ciudadanos individuales, empresas, patronales y partidos políticos, llegará a la Fiscalía Anticorrupción al final de este periodo.
Los denunciantes destacan en su escrito que el “objetivo principal” que perseguía Nadal era recortar sí o sí unos 3.000 millones de euros a la retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos para solucionar el problema del déficit de tarifa en 2014.
Los denunciantes no descartan presentar una querella contra el propio Nadal, pero también contra el ministro Soria, si bien prefieren que primero Anticorrupción investigue el asunto
Con este iniciativa, Industria se ha llevado por delante a buena parte del sector renovable, dado que “al no contar con una metodología técnica y justificada” para respaldar el hachazo, ha habido instalaciones (la mayoría de ellas, sobre un total de 1.500 analizadas) que se han quedado con una rentabilidad inferior al 7,39% estipulado por el Gobierno, mientras que otras (las menos) gozan de rentabilidad de entre el 8% y el 10%.
Por todo ello, la Plataforma y la Fundación consideran que “los hechos son constitutivos de delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a Nadal, por ser quien ha ten ido domino del acto”, según se desprende de la denuncia que llegará a Anticorrupción en tres semanas.
El caso es que Roland presentó finalmente tres informes. Según los indicios en manos de los denunciantes, a Industria no le gustó nada el primero, pidió un segundo, que tampoco fue del agrado del Ministerio y su brazo armado energético, el IDAE, hasta que finalmente llegó un tercer informe.
Pero su fecha de entrada, como ya informó Vozpópuli, casi cinco meses posterior a la llegada al BOE de la norma, con lo que de nada sirvió ese último documento de Roland.
“Hay tantos indicios de que el único objetivo de Industria fue recortar los 3.000 millones al sector que queremos que sea Anticorrupción la que investigue lo que pasó y llame a declarar a los responsables de Roland pero también de Boston (la consultora expulsada), porque no sabemos si finalmente hizo un informe y cuáles fueron sus conclusiones”, señalan los responsables del bufete Holtrop.
Por su parte, el vicepresidente de la Fundación Renovables, Jorge Morales de Labra, ha lamentado las “contradicciones y la falta de transparencia” del proceso y ha recordado que Industria sabía que la supuesta metodología en la que se basó el hachazo no se ajustaba a los parámetros reales de inversión y rentabilidades de las plantas renovables, pero aún así ésta llegó finalmente al BOE.
El Ministerio adjudicó a dedo el contrato de las dos consultoras y anunció su elección antes siquiera de que se hiciera público el proceso.
Esto hace pensar a los denunciantes que el Gobierno ya sabía a qué consultoras iba a pagar los 300.000 euros más IVA por unos servicios que luego no llegaron a utilizarse.
Inicialmente, la Plataforma y la Fundación estudiaron la posibilidad de denunciar a Nadal por “malversación” de fondos públicos al encargar informes que no se usaron, pero “el problema que hay en España es que la malversación sólo es perseguible si es el político el que se lleva el dinero”, algo que aquí no ha ocurrido, señalan desde el bufete Holtrop.
Los denunciantes no descartan presentar una querella contra el propio Nadal y contra el ministro Soria, si bien prefieren dejar que Anticorrupción realice primero su labor y llame a declarar a todas las partes.
