El extremeño Alfonso Gallardo nació pobre y se hizo chatarrero. Primero con un burro y después con una furgoneta, recorría el sur de Extremadura recogiendo chatarra para revenderla. Esto era allá por los años 60, cuando trabajaba a destajo para montar su propia empresa.
Lo hizo y con mucho éxito, hasta el punto de que se convirtió en el mayor empresario de Extremadura, con más de 2.500 empleados bajo el paraguas del Grupo Alfonso Gallardo. Forjó su imperio al calor de los favores políticos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, y gracias a la privilegiada conexión que le brindó su sobrino y heredero, Francisco Fuentes Gallardo, un alto cargo del PSOE extremeño y por muchos años mano derecha de Ibarra, además de diputado autonómico y senador.
Pero la crisis económica ha convertido al grupo siderúrgico y mayor fabricante de acero corrugado de España en una caricatura de sí mismo. El emporio Gallardo, excesivamente endeudado desde los tiempos de bonanza y vapuleado por la caída de la demanda del sector constructor, se ha visto obligado a vender o cerrar algunas de sus empresas, mientras otras están sometidas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Gallardo nació pobre y desde muy joven se dedicó a recoger, primero con un burro y después con furgoneta, chatarra para revender y hacer negocio
Pero en los últimos días, su mala situación se ha hecho patente en el corazón mismo del grupo, en su buque insignia, Siderúrgica Balboa.
La planta, ubicada en Jerez de los Caballeros (Badajoz), el pueblo de Alfonso Gallardo donde está la sede central del grupo, se ha convertido en moneda de cambio del empresario en su lucha con los representantes sindicales.
Y es que Gallardo propuso a principios de agosto una bajada de sueldos del 25% a toda la plantilla para salvar la planta, pero el ‘no’ del comité de empresa a la medida ha echado al monte al empresario pacense.
Recordando modos pretéritos propios del caciquismo que sufrió Extremadura durante décadas, Gallardo ha lanzado todo un órdago no sólo a sus trabajadores, sino también al presidente de la Junta, José Antonio Monago. Según fuentes sindicales, el empresario amenazó con cerrar la planta si la plantilla no aceptaba el recorte de sueldos. La amenaza se ha cumplido y, el pasado viernes, Siderúrgica Balboa anunció un Expediente de Despido Colectivo para toda la plantilla (534 trabajadores), la extinción de todos sus contratos y el cierre de la planta.
El empresario medró al calor de los favores políticos de Ibarra y a las privilegiadas conexiones que le dio su sobrino y heredero Fuentes Gallardo, mano derecha del ex presidente extremeño
Fuentes de la empresa han confirmado que el Expediente se presentará este viernes 27 y saldrá adelante, dado que la compañía acumula pérdidas de 200 millones de euros en los últimos cuatro años por la fuerte caída de ventas.
Saldrá adelante si la Junta de Extremadura no lo impide. Porque la drástica decisión de Gallardo representa todo un órdago a Monago, que este mismo lunes se vio obligado a tratar de tranquilizar no sólo a los trabajadores afectados sino a toda la provincia de Badajoz, una de las más azotadas de España por el paro y donde la poca actividad industrial existente está, esencialmente, en manos del grupo Alfonso Gallardo.
El presidente de la Junta tuvo que sacarse ayer de la manga un plan B para tratar de tranquilizar a la ciudadanía: El Gobierno regional "ya está trabajando" para lograr "un acuerdo" entre Gallardo y la plantilla y tiene previsto "mediar" en el conflicto laboral, si bien "por prudencia" no quiso concretar cómo van a llegar al "punto de encuentro" que buscan, dijo Monago. "Es fundamental que se agoten esas vías de diálogo, yo me resisto a entender que no es posible llegar a un acuerdo", añadió.
Monago se vio ayer obligado a anunciar un improvisado Plan B, porque no puede permitirse que en una provincia con tanto desempleo vayan 534 trabajadores más al paro
Monago salía al paso así a una afrenta que no esperaba, destacan fuentes empresariales extremeñas. Porque Gallardo es un empresario muy afín al PSOE, que "ha mamado desde hace muchos años de las henchidas ubres del partido que gobernó la región durante tantos lustros y gestionó los presupuestos que modernizaron la comunidad autónoma", pero el actual presidente de la Junta, del PP, no puede ningunear a uno de los pocos empresarios de la zona que ha creado empleo.
Gallardo ha lanzado el órdago, sabedor de que la Junta, una Junta que ya no está controlada por sus amigos, mediará y echará una mano para que se alcance un acuerdo. Porque lo que busca el empresario es forzar la bajada de sueldos, pero de no ser así, avisan esas fuentes empresariales, optará por la vía ya aplicada en Corrugados Getafe, una empresa cuyos empleados se negaron a bajarse el sueldo. Gallardo la cerró y a los dos meses volvió a recontratar a parte de sus empleados, eso sí, con una bajada de sueldos del 34%.
Algo similar hizo hace años, cuando amenazó a la Administración con despedir a todos sus trabajadores (por entonces más de 1.000) si no le facilitaba la construcción de una vía para transportar sus productos siderúrgicos. La jugada le salió perfecta y la vía se construyó. "Este ha sido su modus operandi desde hace muchos años", destacan fuentes empresariales extremeñas.
En Corrugados Getafe aplicó un ERE y cerró la empresa, para reabrirla dos meses después y aplicar una bajada de sueldos del 34% a los empleados que recontrató
En Balboa, el empresario se ha encontrado esta vez con un comité de empresa más beligerante, que desde el primer momento alertó de que su plan era "un expediente de cierre", que de confirmarse, "habrá que pedir muchas explicaciones, sobre todo a los políticos que le ayudaron, que algo tendrán que decir", en una clara referencia al PSOE regional.
El presidente del comité de empresa, Juan Méndez, denunció que Gallardo quiere "liquidar" a toda la plantilla para posteriormente "contratar (a nuevos trabajadores) en las condiciones tercermundistas a las que quería llevar a la plantilla actual".
Sin embargo, fuentes oficiales del grupo señalan que la bajada de sueldos propuesta sería de carácter temporal y que los empleados nunca cobrarían por debajo del "salario del convenio provincial del metal". Las medidas permitirían la viabilidad de la planta y evitarían su cierre.
Si esta semana no se produce un acuerdo, a partir del viernes 27 habrá un mes de plazo para llegar a un acercamiento entre las partes, que de no producirse acabará con el despido de los 534 trabajadores bajo las espartanas condiciones que permite la reforma laboral: 20 días por año trabajado de indemnización con un máximo de una anualidad.
