Apenas un mes después de que el Consejo de Ministros aprobara el pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros a la propietaria del almacén de gas submarino Castor, el dinero ya ha sido abonado.
Las maniobras del presidente de ACS, Florentino Pérez, con diferentes miembros del Gobierno para conseguir la indemnización por el cierre del Castor antes del 30 de noviembre han surtido efecto y sus cuentas ya están liquidadas pese a que el almacén, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), nunca ha funcionado como tal y ha estado en el foco de la polémica por el medio millar de seísmos que se han producido en el último año. Es, en definitiva, un apaño exprés precipitado por el Gobierno para evitar que la confianza de los inversores europeos en España se viera dañada por un posible impago de ACS.
Según recoge este viernes el periódico 'El País', su propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), ha recibido el dinero de la indemnización tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 3 de octubre. Todo ello después de que el Ejecutivo encargara a Enagás que tomara las riendas de su mantenimiento y pagara la indemnización.
"Esta compañía comunicó el pago de los 1.350,7 millones de euros en los resultados que ha enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que añade que se han reconocido más costes de operación y mantenimiento, entre otros, que no especifica y que incrementan la indemnización", subraya el rotativo del Grupo Prisa.
Tal y como adelantó 'Vozpópuli', este dinero repercutirá en el recibo del gas de los consumidores durante los próximos 30 años. Como si de una hipoteca al uso se tratara, los 1.350 millones de indemnización del Castor se convertirán en 4.731 millones en 30 años tras aplicarse un interés anual del 4,27%. Los 7,5 millones de consumidores de gas pagarán, cada uno, 630 euros para costear la compensación a ACS.
El almacén Castor continuará sin actividad hasta que los estudios técnicos "lo aconsejen".
