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OHL, denunciada ante la CNMV y la Hacienda mexicanas por presunta falsedad contable

La consultora Infraiber denuncia que OHL ha inflado de forma considerable las cifras de inversión en concesiones que aparecen en sus estados contables. Infraiber acusa a la filial azteca del grupo español de no permitirle auditar los tráficos de sus concesiones en México.

  • Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL

Los problemas de OHL en México se multiplican. La filial azteca del grupo español de construcción, servicios y concesiones ha sido acusada de un presunto fraude contable ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV, el supervisor bursátil mexicano, equivalente a la CNMV española) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las denuncias han sido presentadas por Infraiber, la consultora que en su día se adjudicó un contrato para certificar los tráficos de algunas concesiones de OHL y que no ha podido desarrollar su labor al impedirle la concesionaria instalar sus equipos en las autopistas.

Representantes legales de Infraiber han dirigido sendas cartas a la CNBV y la Secretaría de Hacienda alertando de que los estados contables de OHL México presentan cifras infladas de inversión en las concesiones, que ni mucho menos se corresponden con las que en su día certificó tanto la propia compañía como el organismo oficial del Estado de México encargada de realizarlo. 

En concreto, las misivas enviadas por Infraiber se refieren al Circuito Exterior Mexiquense, una de las concesiones más destacadas de OHL en el país azteca y una de las protagonistas (junto con el Viaducto Bicentenario) de las conversaciones publicadas en los últimos meses en Internet entre directivos de OHL México en las que hablan de un presunto fraude en estas operaciones. Las cartas van acompañadas de la correspondiente documentación que pone de manifiesto las diferencias existentes entre las cifras oficiales de la Administración del Estado de México, que es el que otorga la concesión, y las que OHL México registra en sus estados contables.

De acuerdo con el título de la concesión, la compañía tiene derecho a recuperar la inversión realizada en la autopista, incluida la financiación, más un porcentaje de rentabilidad asegurada cada año. Los montos correspondientes a esta recuperación de capital son determinados cada semestre por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem) y la propia concesionaria, en un documento en el que figura la firma de ambas y que se adjunta en las cartas de las denuncias de Infraiber.

Enormes diferencias de cifras

Precisamente, las cifras que figuran en estos documentos difieren de forma notable de las que aparecen en los estados contables de OHL México, auditados por Deloitte. Así, la cifra de inversión en el Circuito Exterior Mexiquense correspondiente a diciembre de 2011 que aparece en el documento de la Saascaem es de 18.628 millones de pesos (algo más de 1.075 millones de euros, al cambio actual) mientras que en las cuentas de la compañía figura una inversión para esta concesión a finales de 2011 de 33.317,9 millones de pesos (cerca de 1.930 millones de euros, es decir, casi un 80% más que la cantidad registrada por el Estado de México).

Según las denuncias presentadas por Infraiber, esta circunstancia se repite, corregida y aumentada en los años siguientes para esta misma concesión. En diciembre de 2012, el registro de la Saascaem apunta una cifra de inversión de 21.487,6 millones de pesos (aproximadamente 1.245 millones de euros), que contrasta con los 38.471,3 millones de pesos (2.225 millones de euros) que figuran en los registros auditados de OHL México.

El dato correspondiente a diciembre de 2013 vuelve a mostrar una diferencia más que obvia entre las cantidades rubricadas por la autoridad del Estado de México y la concesionaria y, por otra parte, por OHL México en sus cuentas (de unos 1.410 millones de euros a casi 2.700 millones de euros, al cambio actual).

La ‘Ley OHL’

Los textos presentados ante la Secretaría de Hacienda y el regulador inciden en que la compañía operado en Bolsa tras la difusión de los citados estados contables que difieren de las cifras registradas por la Administración y que, incluso, ha emitido certificados bursátiles con una información que el denunciante considera falsa. Las cartas recuerdan que los delitos relacionados con falsedad contable conllevan penas de prisión de entre dos y 10 años.

Estas denuncias, fechadas a finales de junio, llegan precisamente cuando en México se está tramitando un cambio legislativo que permitirá que las compañías puedan seguir explotando las concesiones que se les otorgaron en su día, aunque ya hayan recuperado el montante de la inversión. Hasta ahora, cuando se daba esta circunstancia, la empresa debía devolver la concesión a la Administración correspondiente.

El contenido de la nueva Ley ha generado numerosas polémicas en el ámbito político mexicano, toda vez que la oposición considera que su contenido se adapta perfectamente a la situación de OHL México, hasta el punto de que la nueva normativa ha sido bautizada en el país azteca como la ‘Ley OHL’. Una circunstancia que recuerda a lo sucedido en su día en España con la célebre ‘enmienda Florentino’, que impedía los blindajes accionariales en empresas como Iberdrola y, por lo tanto, facilitaba el asalto de ACS al capital y al consejo de administración de la eléctrica.

Las auditorías que defienden a OHL

Las denuncias se han presentado al calor de la polémica desatada por la publicación de las citadas grabaciones en Internet. Difundidas en varias tandas, las conversaciones no sólo hablan de presuntos fraudes a la hora de registrar las cifras de inversión de las concesiones sino también de supuestos tratos de favor para altos funcionarios del Estado de México e incluso a personas relacionadas con la Justicia, extremos que todas las partes han negado.

OHL ha sostenido desde el principio que las grabaciones publicadas han sido objeto de manipulación y ha anunciado medidas legales con el fin de preservar el honor de la compañía. Asimismo, encargó a Deloitte una auditoría cuyos resultados determinan que sus actuaciones en el sistema concesional mexicano han sido correctas, según aseguró días atrás la propia empresa.

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