Los últimos días han sido el escenario de cómo la polémica que rodea a OHL en México se ha convertido en una especie de ‘thriller’ policiaco que tiene su episodio diario en las pantallas de televisión. El detonante ha sido la detención de Paulo Díez, el abogado de la empresa Infraiber, responsable de las numerosas denuncias presentadas contra OHL por supuestas falsedades contables. A raíz de este hecho se han disparado las acusaciones, que van desde la detención ilegal hasta que ésta fue pactada entre el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.
Además, tras ser puesto en libertad, Díez denunció que la Policía se encargó de poner deliberadamente una pistola en su vehículo para acusarle de posesión ilícita de armas. Un vídeo emitido durante la noche del lunes en México parece constatar este extremo, lo que ha disparado los comentarios a través de las redes sociales y diversas páginas de Internet.
De esta forma, lo que comenzó siendo un episodio de denuncia contra una compañía por supuestas falsedades contables ha terminado por saltar prácticamente a las páginas de sucesos, con consecuencias inimaginables, como cabe deducir de las palabras de Díez en la CNN mexicana, en las que llegó a decir que si sufría algún daño la responsabilidad recaería en el propio Peña Nieto.
En realidad, Infraiber lleva más de un año y medio batallando contra las Administraciones mexicanas. En su día, la empresa obtuvo un contrato para la verificación de los tráficos en todas las concesiones del Estado de México, entre las que se encuentran las de OHL. Eso sí, tras lograr este contrato, la compañía debía llegar a un acuerdo con las concesionarias para la instalación de sus sistemas, lo que no consiguió en ninguna de las 12 autopistas de peaje del territorio.
El principal problema con el que se encontró es que la instalación de sus sistemas para verificar el paso de los vehículos que, por lo pronto, no aportaba tecnologías distintas a la que empleaban ya las concesionarias, suponía un coste adicional que incrementaría las tarifas de forma significativa.
Los audios en Internet
El Estado de México terminó por revocar el contrato a Infraiber para lo cual también tuvo en cuenta que, en su día, se adjudicó sin licitación previa. A partir de ahí, Infraiber inició una batalla contra las Administraciones mexicanas que ha derivado en numerosas denuncias presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también ante la de Hacienda.
Pero el pasado mes de mayo, la historia comienza a adquirir dimensiones de película con la publicación en Internet de conversaciones de altos ejecutivos de OHL México, tanto entre ellos como con destacados funcionarios del país, en los que se llega a hablar de presuntos fraudes en algunas de las concesiones de la empresa.
Estos hechos desencadenan una investigación interna en OHL que llevan al despido de Pablo Wallentin, encargado de las relaciones institucionales de la empresa y protagonista de la mayoría de las grabaciones que, sucesivamente, se han ido publicando en la Red. También se ponen en marcha auditorías tanto por parte de la empresa como de las Administraciones mexicanas.
Al mismo tiempo, OHL anuncia investigaciones para aclarar la responsabilidad de las grabaciones y su posterior publicación. Este proceso culmina con la denuncia presentada por el grupo contra Infraiber, a la que acusa de estos hechos.
Más allá de lo empresarial
Los últimos episodios, con la extraña detención del abogado de Infraiber y la aparición de un arma en su vehículo, un hecho que después ha resultado probado que fue obra de los propios agentes que le detuvieron, han trasladado definitivamente la película a un escenario que se aleja mucho de lo empresarial.
La publicación de un artículo de opinión en el diario local El Financiero en el que se acusa al presidente Peña Nieto de pactar con Villar Mir la detención de Díez ha contribuido a avivar la polémica. En el ordenamiento jurídico mexicano no se contempla la figura de la calumnia, con lo que la grave acusación no tendrá sus consecuencias en los tribunales.
