Iberdrola ha llevado el debate sobre la energía nuclear incluso a su propia contabilidad. La compañía eléctrica ha procedido en los últimos meses a revisar al alza la vida útil de buena parte de sus instalaciones pero ha dejado fuera de este proceso a las centrales nucleares al considerar que no se dan las condiciones económicas que justifiquen esta decisión.
La explicación de esta circunstancia está incluida en la respuesta a un requerimiento de información que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió al grupo que preside Ignacio Galán a comienzos del pasado mes de junio. Entre otras cuestiones, el organismo supervisor solicitaba más detalles sobre la decisión de Iberdrola de prolongar la vida útil de sus activos eólicos de 25 a 40 años, como se refleja en su informe anual correspondiente a 2016.
En su respuesta, Iberdrola justifica esta decisión en las conclusiones de informes internos así como las consultas que realizó a diversos fabricantes. Sin embargo, la compañía va más allá y asegura que también ha revisado al alza la vida útil de otros activos como las centrales de ciclo combinado de gas, que pasan de 35 a 40 años y también de los equipos electromecánicos de centrales hidroeléctricas, desde los 35 años contemplados actualmente hasta los 50 años.
De forma voluntaria, sin que la CNMV le requiriera información al respecto, Iberdrola hace también referencia a sus activos nucleares, “dado el debate que se está produciendo en relación con la extensión de la vida útil de estas instalaciones”. A este respecto, la compañía señala que “no hemos encontrado soporte suficiente para extender la vida útil de estas centrales” más allá “de los 40 años contemplados por Iberdrola”.
Así, la compañía renuncia a beneficiarse contablemente de una medida que, sólo contando los activos eólicos le ha supuesto un impacto en menores amortizaciones de 148,1 millones de euros, según reza en el informe anual de la eléctrica.
Posible incumplimiento de normas
Sin embargo, la medida está en línea con la estrategia llevada a cabo por Iberdrola en el caso de la energía nuclear, al considerar que esta tecnología no es rentable. En el citado documento remitido a la CNMV, Iberdrola no duda de que las centrales se puedan seguir operando en perfectas condiciones de seguridad más allá de los 40 años que tiene contemplado como vida útil de estos activos. Sin embargo, las “condiciones económicas” harían que la empresa incumpliera las normas contables en el caso de que decidiera prolongar la vida útil de las centrales ya que no podría presentar un beneficio incorporado al activo.
El pasado mes de marzo, Galán manifestó en la junta de accionistas de Iberdrola que la tecnología nuclear no era rentable, en paralelo con los planes del Gobierno de que la nuclear sea uno de los pilares de su política energética. El debate se ha trasladado a la central de Garoña, controlada al 50% por Iberdrola, que aboga por su cierre definitivo, en contra del criterio de Endesa, que cuenta con el otro 50% y que es partidaria de esperar a que se pronuncie el Ejecutivo.
De esta forma, la estrategia de Iberdrola en torno a la energía nuclear se traslada a sus cuentas, al establecer una clara fecha de caducidad para sus centrales.
