La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, un colectivo creado en agosto pasado por más de 70 organizaciones defensoras de las energías renovables, entre las que se encuentran Greenpeace, Ecologistas en Acción, la Fundación Renovables, Ecología y Desarrollo, SEO/Birdlife, WWF, ATTAC, Equo y algunos diputados socialistas, ha entregado esta semana a las autoridades europeas un documento en el que denuncian el incumplimiento de seis directivas europeas del ámbito energético por parte del Estado español.
Según los impulsores de la iniciativa, la Comisión Europea ha acogido la propuesta con “receptividad” y ha solicitado que se concreten esos incumplimientos para la eventual presentación de denuncias formales. La vía más probable es una queja ante el Parlamento Europeo para que obligue a la Comisión Europea a abrir una investigación.
Las directivas europeas que, según los impulsores de la iniciativa, ha vulnerado España en los últimos años son las de Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, de 2009; las de normas comunes para el mercado interior de la electricidad y el gas natural, también de 2009; las relativas a la eficiencia energética en edificios y emisiones industriales, de 2010; y la de eficiencia energética, de este mismo año. La transposición de esas directivas “se ha realizado de forma parcial o incorrecta”, según la plataforma, que considera que o bien las disposiciones adoptadas por España “contravienen el contenido y los objetivos de dichas directivas”, o bien dichas disposiciones “han sido infringidas por la legislación o por prácticas administrativas e incluso judiciales”.
Los promotores de la iniciativa han trasladado a Bruselas, entre otras observaciones, que el Proyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética cuya tramitación ultiman las Cortes es “discriminatorio”; que se han introducido “barreras administrativas” al autoconsumo eléctrico “en vez de eliminarlas”; y recuerdan la existencia de “denuncias de la CNC contra la falta de competencia en el mercado eléctrico y petrolero, ante las que tanto el gobierno anterior como el actual no han actuado”.
Asimismo, han planteado sus reticencias a la fusión de reguladores sectoriales que ultima el Gobierno, señalan que el CO2 “ha desaparecido de la política española” porque “se regalaron derechos de emisión que ahora se vuelven a adquirir en el exterior, pero no hay ningún signo o voluntad de la aplicación” de políticas de reducción de emisiones; consideran que las centrales nucleares españolas “no están cumpliendo los nuevos estándares de seguridad nuclear post-Fukushima” y subrayan la inexistencia de “un mercado con competencia libre” en el sector eléctrico. “Existe una grave falta de transparencia y existe una regulación muy carente que permite abusos en la formación de precios”.
Los promotores de la iniciativa se han reunido con responsables de la Dirección General de Energía de la UE, europarlamentarios y asociaciones sectoriales, y han entregado al comisario europeo de Energía, el alemán Günther Oettinger, más de 100.000 firmas para pedir que la UE realice una auditoría de los costes del sistema eléctrico español.
