En marzo de 2006, el entonces presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández Reyna, visitó la sede del grupo tecnológico Telvent en Madrid junto a diplomáticos y miembros de su Gobierno para rubricar la firma de un acuerdo entre la filial de desarrollo de software del grupo y el Parque Cibernético de Santo Domingo (PCSD), un vivero de empresas ubicado en la capital del país caribeño. Eran otros tiempos.
La compañía, actualmente de capital francés pero con una potente infraestructura en España (perteneció a la sevillana Abengoa hasta mediados del año pasado), prepara la apertura de un procedimiento contra el Estado dominicano ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), un organismo de resolución de controversias comerciales con sede en París.
El proceso, sobre el que no hacen ningún comentario ni el Gobierno dominicano ni la propia empresa, está todavía en su fase inicial y está relacionado con la implantación, por parte de Telvent, de una infraestructura de sistemas informáticos para la Administración del país caribeño, que desde agosto pasado está presidido por Danilo Medina, sustituto de su compañero de filas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el propio Leonel Fernández, que abandonó el cargo tras tres legislaturas en el poder.
La empresa no precisa cuál es el contrato objeto de controversia. En los últimos años, el grupo ha logrado, además del citado acuerdo con el PCSD, adjudicarse la implantación de los sistemas de información y comunicaciones en dos hospitales dominicanos, el Metropolitano de Santiago y el Hospital de Santo Domingo Darío Contreras, y la puesta en marcha de una solución de gestión sanitaria en los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) del país.
El problema puede resumirse en que República Dominicana, sencillamente, no paga. Y Telvent espera recuperar un importe de cerca de 12 millones de dólares (unos 9 millones de euros). La cifra es modesta (supone algo más del 1% de la facturación del grupo en 2010, último dato disponible), pero ilustra la inseguridad jurídica que reina en este país, al que la ONG Transparencia Internacional sitúa en un nivel de corrupción similar al de Albania, Etiopía, Guatemala o Níger en su último informe.
El Gobierno dominicano ya tiene abiertos varios contenciosos con empresas españolas como Codacsa, a la que ha expropiado una autopista sin compensación mediante y después de que un laudo internacional obligara a Santo Domingo a pagar una compensación.
Telvent, cuyo origen data de los años 60, perteneció al grupo Abengoa hasta junio del año pasado, cuando fue adquirida por la multinacional francesa Schneider Electric.
