La negociación entre Gobierno y agentes sociales de los planes de empleo de José Luis Escrivá avanza en las últimas semanas con varias cesiones del Ejecutivo en lo relativo a la gobernanza y a incentivos a las empresas y el proyecto de ley podría aprobarse de forma definitiva la última semana de febrero. Pese a ello, el proyecto sigue sin agradar a la patronal. En lo que no hay mejoras hasta ahora es en el golpe fiscal que se asesta a los autónomos, que mantienen su situación de desventaja respecto a los asalariados, en un momento en el que la mesa de diálogo sobre otra polémica reforma, la que pretende que los autónomos coticen según sus ingresos reales, encalla. Estas dos iniciativas forman parte de los hitos comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación.
El pasado 23 de noviembre, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó el borrador de los planes de empleo en primera vuelta en el Consejo de Ministros apelando a que esta revolución en los planes de pensiones que pasarían a focalizarse las empresas y a tener control público traería una mejor fiscalidad, menos comisiones y mayor simplicidad para atraer a trabajadores con rentas bajas, pymes y autónomos y en detrimento de los -a su juicio- fallidos planes individuales. Se trata de la culminación del golpe a los planes de pensiones individuales que abandera el ministro, precisamente a los que más recurren los autónomos: el 40% los tiene, frente al 10% de asalariados.
El ministro prevé que esta ley, que revoluciona el escenario de planes de pensiones en España y que arrancó con el rechazo frontal de patronal y sindicatos, esté en vigor en junio. La opinión de la patronal no ha mejorado mucho, si bien el texto que se ultima contiene mejoras para atraer a las empresas, a las que se ofrece una rebaja de la base de las cotizaciones sociales de 80 euros por trabajador al mes, cuyo efecto real es un ahorro de 24 euros. A esto se añade que se ha reducido la presencia de la Administración en la comisión de control de los fondos y que no habrá derecho a veto sobre las decisiones de inversión. También se ha eliminado la exigencia a las gestoras que tengan un volumen de gestión de fondos superior a 1.000 millones de euros.
Sin embargo, el golpe fiscal a los autónomos se mantiene. En los Presupuestos de 2021 y 2022, el Gobierno viene limitando la desgravación que cabe aplicar en las aportaciones a planes individuales, que ha pasado de 8.000 euros a 1.500, en aras de la de planes de empleo o de empresa. Pues bien, en el esquema fiscal que ha ideado Inclusión, los autónomos salen perjudicados. Y lo hacen cuando más de la mitad del colectivo tiene una media de edad por encima de los 50 años.
La propia reforma les perjudica al orillar los planes individuales. Pero es que además el proyecto contempla que los trabajadores por cuenta ajena que entren en el nuevo sistema puedan desgravarse hasta 10.000 euros en sus aportaciones, por la suma de los 1.500 euros para planes individuales (reducción que operan los Presupuestos de 2022) y los 8.500 para planes de empresa. No obstante, este tope se reduce casi a la mitad para los autónomos, a 5.725 euros en concreto, ya que se elimina la mitad de la aportación de la empresa. Eso sí, esto implicaría que cotizarán más, lo que puede incrementar su protección social.
Al ir disminuyendo los incentivos de los planes individuales y elevando los de empresa sin un sistema de compensación, los autónomos quedan en desventaja. Esta situación era menos palpable hasta ahora porque los planes de empresa son menos atractivos y muy poco utilizados. En este sentido, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha subrayado que los planes individuales han funcionado muy bien para los más de un millón de autónomos que los tienen contratados.
Desde el Ministerio han subrayado que los autónomos mejoran fiscalmente respecto al marco ahora vigente, pero es cierto que en el nuevo marco que pretende revolucionar el sector y atraer a este perfil de trabajadores quedan en desventaja respecto a los asalariados.
El último borrador contiene otra novedad: se permitirá que los trabajadores aporten más dinero que la empresa, cuando hasta ahora se equiparaba la participación. El asalariado podrá aumentar su aportación en función de la de la empresa, con límites, mecanismo que no incluye a quien tengan ingresos de más de 60.000 euros. Para José Antonio Herce, consultor en longevidad y pensiones en LoRIS, se trata de un mecanismo muy rígido y poco eficaz. Y del único punto en el que el autónomo sale mejor parado que los trabajadores por cuenta ajena, ya que no tiene estas constricciones.
La cotización según ingresos reales, encallada
Los planes de pensiones de empresa son ahora sólo el 25% del total, frente a los individuales. El proyecto pretende sumar al Estado como promotor, en línea con el modelo de otros países como Reino Unido, y que forma parte de la segunda parte de la reforma de las pensiones que quiere acometer en 2022. La norma quiere propiciar que trabajadores de pymes, rentas bajas, autónomos y Administraciones Públicas accedan al plan. Con este fin, se quiere reforzar la negociación colectiva, que se simplifica a un paso frente a los siete pasos que tiene que dar ahora, con una plataforma digital común que el Gobierno sostiene que facilitará la portabilidad.
La negociación del nuevo sistema de cotización según ingresos reales está en estos momentos en punto muerto ante la dificultad de aclarar qué son ingresos reales desde un sistema de ingresos netos dopados y ante la negativa frontal de la patronal mayoritaria ATA. Tras distintos retrasos, la mesa vuelve a reunirse mañana. A juicio de esta plataforma, la propuesta de Escrivá plantea subidas de un 20% para la mitad del sector de aquí a 2031, por rebajas del 5% para el resto, según denuncia ATA, que pone de ejemplo que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pagaría en 2031 el doble de cotización que ahora; o un periodista autónomo que facture 3.000 euros, el triple dentro de tres años. "Se trata de sustituir un sistema injusto por otro más injusto", ha denunciado.
