España tiene 26 condenas internacionales por la retirada retroactiva del Gobierno de Mariano Rajoy de las primas renovables que puso en marcha el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Todas ellas por incumplir el Tratado de la Carta de la Energía y, en su mayoría, tras resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial. Un camino que ha elegido la minera australiana Berkeley Energía para defender su proyecto de mina de uranio en el campo de Salamanca.
Una nueva batalla internacional que comenzó a cocinarse en noviembre de 2022. Berkeley envió una notificación de controversia de inversiones al presidente del Gobierno de España y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informándoles de los incumplimientos del Tratado sobre la Carta de la Energía , y de su intención de entablar negociaciones para llegar a una solución amistosa.
Según la minera, hasta la fecha, el Gobierno español no ha entablado ninguna discusión relacionada con la disputa y Berkeley no ha tenido otra opción que tomar medidas y hacer valer sus derechos en el proyecto de Salamanca a través del arbitraje internacional. La minera informa de que ha contratado a los dos despachos Herbert Smith Freehills y LCS Abogados para representarla en este procedimiento.
Desde el Gobierno han preferido no entrar a valorar este arbitraje ante la consulta de Vozpópuli. Se espera que, como sucede con el resto de arbitrajes de las primas de las renovables, la Abogacía del Estado se encargue de su defensa y, si fuera necesario, recurra a consultores y bufetes de abogados de prestigio internacional para defender los intereses de España en el centro de controversias del Banco Mundial.
La minera australiana Berkeley, que ya se mostró dispuesta en 2021 a acudir al arbitraje contra España, aseguraba entonces que su reclamación se jugaba alrededor de 500 millones de euros por las inversiones en el proyecto.
España acumula 1.750 millones en condenas
Una batalla más de una larga lista. España ha sufrido un total de veintiséis condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros.
Ante los impagos reiterados de estas obligaciones, las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero. De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares.
Además, está en marcha un proceso de default técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino de España y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia.
Cumplir con sus compromisos
Para poner fin a esta problemática, los fondos dueños de estos arbitrajes y las empresas afectadas reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia o Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago.
Según explican desde los expertos legales conocedores de estos procesos, España está sufriendo un daño muy difícil de reparar en su reputación debido a la decisión del gobierno de incumplir sus obligaciones internacionales y no desembolsar las indemnizaciones decretadas en los 26 procesos que ya han llegado a su fin y se han saldado con victoria de las empresas e inversores afectados.
