En la misma semana se han despejado los dos nubarrones que pendían sobre la hoja de ruta económica del Gobierno español: la Comisión Europea ha retrasado la evaluación de la reforma de las pensiones un año, lo que buscaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y se ha conocido que va a prorrogar en 2023 la suspensión de las reglas fiscales.
Estas dos decisiones, en las que pesa el impacto de la guerra en Ucrania, libran a Sánchez de tener que hacer un ajuste de cerca de 25.000 millones de euros en vísperas de las elecciones generales y le permitirán pasar la pelota de las reformas que reclame la Comisión en aras de la sostenibilidad del sistema de pensiones al próximo Ejecutivo.
En lo que respecta a las reglas fiscales, la decisión la anunciarán el lunes el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, junto con el Paquete de Primavera, una serie de recomendaciones económicas para cada país de perfil bajo dada la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Por la tarde está prevista una reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) y el martes habrá Ecofin, donde se espera que se ratifique.
España se jugaba mucho con el posible retorno de estas reglas. En concreto, el objetivo de déficit público marcado por el Gobierno para este año se sitúa aún en el 5% del PIB, dos puntos por encima del límite del 3%; mientras que la deuda pública se reducirá hasta el 115,1%, todavía casi duplicando la regla del 60%. En el caso del déficit, por ejemplo, habría que hacer frente a un desfase cercano a los 25.000 millones de euros.
El Gobierno tiene comprometida una reforma fiscal con Bruselas en el Plan de Recuperación que ha dejado en suspenso a la espera de que mejore la coyuntura económica y que de reinstaurarse las reglas fiscales tendría que haberse acometido a las puertas de las elecciones generales.
De hecho, en el Programa de Estabilidad que remitió a la Comisión Europea el 29 de abril se trasladaba que no se van a realizar subidas de impuestos hasta 2025, a la espera de que la Comisión Europea mantuviera las reglas fiscales suspendidas en 2023 o en todo caso adoptara la propuesta española de que sean reglas a la carta.
El año que viene, además, impactará de lleno la reforma de las pensiones que las liga al IPC que ha entrado en vigor en enero y que el Gobierno calcula que costará más de 10.000 millones extra, con una inflación media este año del 6,1%. El Programa de Estabilidad dice que una mejora del sistema tributario para que sus ingresos se incrementen es "crucial" para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Pues bien, el Gobierno ya ha pedido a Bruselas los 12.000 millones que corresponden al segundo tramo del Plan de Recuperación, en el que las reformas estrella son la laboral y la de las pensiones. España hizo la petición el 29 de abril y Bruselas tiene dos meses para analizarla, pero se da por descontado que si los ha pedido es porque cuenta con el aval.
En esta reforma el Ejecutivo ha incluido el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC, y que adelantó un año, ya que en realidad tenía hasta el 31 de diciembre de 2022 para realizarla.
Esta fórmula, que además se pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, no es del agrado de Bruselas, según ha transmitido en reuniones a puerta cerrada desde principios de año, ya que lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible. Pero no se da el caso.
El lunes 16 de mayo, la Comisión Europea revisó sus previsiones teniendo en cuenta el impacto e la guerra en Ucrania. En el caso de España, rebajó sus proyecciones de crecimiento 1,6 puntos, al 4%, el organismo que las deja más bajas. En sus Recomendaciones del Semestre Europeo, alerta del impacto de la reforma de las pensiones en el déficit. Prevé que la inflación media se sitúe en el 6,3% en 2022, lo que disparará el gasto en pensiones en 2023 a más de 11.000 millones adicionales.
Gentiloni, preguntado en rueda de prensa por la advertencia que realiza el informe a España por el gasto en pensiones, se remitió al momento en que la Comisión Europea evalúe el segundo tramo, en principio, ahora mismo, pero luego apuntó a que se analizará la vinculación de la revalorización al IPC en 2023.
No verá las pensiones hasta el verano de 2023
Se esperaba que la Comisión realizara una advertencia a España en las Recomendaciones del Semestre Europeo, según ha avanzado Vozpópuli. Poco más. Fuentes conocedoras trasladan que hay un pacto de no agresión en el contexto de la guerra de Ucrania por el que se entiende que el Gobierno ha pedido los 12.000 millones porque ya tiene pactado que los recibirá.
Habrá otro tramo con reformas de las pensiones, el cuarto, añadió Gentiloni, que se analizará justo dentro de un año, y será entonces cuando realmente examine el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. En este tramo estará también la reforma más polémica que queda pendiente, la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones.
Todo esto se evaluará en el verano de 2023 y el Gobierno de Pedro Sánchez no tendrá tiempo de realizar las reformas que pueda proponer Bruselas. Podrá presentarse a la campaña de las elecciones generales, que se prevé que se convoque a principios de diciembre, como el Ejecutivo que hizo la reforma más favorable a los pensionistas y que no realizó ajustes.
Mazarino
El arrobo de la bienpeiná que dispensa a Sanchinflas El Mentiroso :¿Cómo se paga eso? ¿Que le va el galán ? O sea que esta Es la URROPA que nos gobierna.
giledu
Hasta el moño de la UE. Si no fuera por el euro, que mantiene a este país sin una inflación desbocada de tres dígitos...
Vayatoalla
La UE nunca fue un ente para beneficiar a los ciudadanos de los países miembros. He aquí como para salvar a un gobierno, se prescinde de las necesidades de sus gobernados.