El conflicto arbitral entre FCC y sus socios mexicanos por la construcción del túnel de Coatzacoalcos en México cruza el charco. El tribunal de Primera Instancia nº8 de Barcelona tramita una solicitud de ejecución de un laudo arbitral que condena a la constructora española a pagar unos 14 millones a Matrix Concesiones y Obras Portuarias Coatzacoalcos (OPC), dos constructoras del país centroamericano, según fuentes consultadas por Vozpópuli.
El origen del conflicto está en la adjudicación que ganó FCC para la construcción de un túnel submarino, el primero de todo Latinoamérica, licitado por el Estado mexicano de Veracruz. Los cambios en la concesión ocurridos durante la construcción y el reparto de los ingresos generaron un conflicto con dos constructoras mexicanas participantes, Obras Portuarias de Coatzacoalcos S.A. de C.V. (OPC) y Matrix Concesiones S.A. de C.V. (Matrix), que terminaron judicializando el proceso.
Las obras comenzaron en 2007 y la idea era que terminasen dos años después, pero el túnel se terminó entregando en 2016. La longitud del túnel es de 2.280 metros, de los cuales aproximadamente 1.200 metros son sumergidos, según apunta FCC en su memoria anual de 2015. Cuenta con cuatro carriles de circulación y conecta los municipios de Coatzcoalcos y Allende, en Veracruz, y los estados de Tabasco y Chiapas, dando servicio a un área de 500.000 habitantes
El procedimiento arbitral fue administrado por la corte arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de Panamá, que en mayo de 2019 dictó un laudo que daba la razón a las constructoras frente a FCC. Un año después, ambas pusieron el asunto en manos de abogados españoles para forzar la ejecución del laudo arbitral en Barcelona, donde se sitúa la sede social de la compañía que controla el magnate mexicano Carlos Slim, que ha encargado su defensa al bufete catalán Toda & Nel-lo.
La ejecución a FCC, suspendida
El pasado mes de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona (TSJB) acordó otorgar a las constructoras el exequátur solicitado pese a la negativa de FCC y de la Fiscalía, que señaló que el laudo no era firme. La concesión del exequátur significa que el tribunal reconoce la plena validez y eficacia del laudo dictado por la corte panameña.
Ahora, la siguiente 'fase' pasa por lograr la ejecución del laudo en sí, pero por ahora el viento sopla a favor de FCC. Después de que el TSJB resolviese el procedimiento de reconocimiento, ahora el laudo está en manos del juzgado de Primera Instancia, que acaba de acordar la suspensión de la ejecución hasta que se resuelva la oleada de recursos presentada en Panamá y se clarifique si el laudo es firme o no, tal y como había pedido la familia Koplowitz, fundadora de la constructora.
FCC, tal y como han publicado diversos medios panameños en las últimas semanas, ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia de Panamá para intentar anular el laudo de forma definitiva.
