Pese a los mensajes positivos que traslada el Gobierno sobre que el 2013 será un año con menos ajustes, los investigadores del 'think tank' Fedea han insistido en que será peligrosamente parecido a 2012 y por tanto igualmente cargado de nuevos ajustes. Y como ya se han llevado a cabo buena parte de los recortes en la inversión, los intereses no se pueden tocar y las transferencias han disminuido, según Fedea la principal partida que resta por adelgazar de forma sustancial es el capítulo 1, el de gastos de personal.
“El mayor ajuste que queda por hacer es el de los salarios y los empleados públicos”, explicó Juan Rubio-Ramírez, miembro de Fedea y profesor de la Universidad de Duke, durante una rueda de prensa este jueves. El investigador de Fedea razonó que la gente suele pensar que basta con eliminar las estructuras políticas y los desembolsos suntuarios, pero esos recortes no representan cantidades muy significativas salvo cuando se acompañan de ajustes en las plantillas. Es decir, de poco sirve el ahorro si los empleados se mantienen en otra parte.
La cantidad destinada a remuneraciones de asalariados por el conjunto de las Administraciones sobrepasa el 10 por ciento del PIB, el doble de lo que se emplea en consumos intermedios, el llamado gasto corriente.
Estas declaraciones de Fedea cuestionan la posibilidad de que la paga extra de diciembre se pueda mantener este año, tal y como defiende una y otra vez el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El capítulo uno de gastos de personal asciende a los 52.000 millones en el conjunto de las Comunidades Autónomas y supera los 100.000 millones para el total de las Administraciones. La EPA cifra el número de empleados públicos en los 2,9 millones a finales de 2012, incluyendo todos los asalariados de empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales. Un guarismo que ha descendido desde el pico de 3,2 millones de empleados alcanzado en el tercer trimestre de 2011.
Ahorros en 2012
Según estas estadísticas, durante 2012 el empleo público ha caído en 218.000 trabajadores, de los que unos 16.664 corresponden al Estado central de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las autonomías han logrado en estas partidas ahorros del 8 por ciento, casi 5.000 millones; mientras que el Estado central ha reducido sus costes de personal en un 6 por ciento, unos 1.163 millones. Las remuneraciones suponen un desembolso de cerca de 17.000 millones al año para la Administración central.
Todos estos ajustes se han logrado gracias a la supresión de la paga extra, que supuso en total unos 4.000 millones, la eliminación de personal sin plaza fija, y la amortización de puestos.
Críticas a las Comunidades Autónomas
Aunque ha alabado el esfuerzo fiscal que han emprendido las comunidades durante 2012, Fedea ha criticado que las previsiones de ingresos de las regiones para este año estén muy infladas. Las autonomías recibirán del Estado las mismas entregas que en 2012, unos 86.000 millones. Sin embargo, la previsión del resto de ingresos se engorda un 11 por ciento pese a la recesión. Por varias razones:
En su conjunto, las CCAA esperan recaudar un 20 por ciento más que en 2012 por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados pese a que el mercado inmobiliario no se reactiva; la recaudación de 600 millones por el concepto de hidrocarburos les llega este año a través de las entregas a cuenta del Estado y por tanto resta de éstas; las estimaciones de ingresos se han confeccionado sobre una caída del PIB del 0,5 por ciento en lugar del 1,5 por ciento previsto por el consenso de los analistas; y las autonomías se han apuntado en su conjunto 300 millones más de lo que el Estado tiene presupuestado traspasarles.
Fedea también destaca que los recortes emprendidos por algunas comunidades de hasta el 40 por ciento se antojan poco creíbles, máxime cuando han de practicarse en su mayor parte sobre Sanidad y Educación. Y señalan por esto a Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares, las cuales son las que más recortan el gasto con un 38%, 26% y 26%, respectivamente.
La autoridad fiscal
Los investigadores de Fedea han tildado la Autoridad Fiscal Independiente que prepara Montoro de "chapuza impresionante", pues sus informes no son vinculantes, la institución permanece bajo el control de Hacienda y sus miembros serán nombrados por el Consejo de Ministros en lugar de por el Parlamento.
