Los precedentes de las ocupaciones de una promoción en Salt y otra en Sabadell, propiedad ambas de la Sareb, por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), han desatado la alarma entre la banca. Las entidades recurrirán a la seguridad privada para la protección de promociones vacías en Andalucía ante el temor de que la PAH o cualquier otra plataforma antidesahucio pueda repetir estas acciones apoyadas en el nuevo decreto aprobado por la Junta de Andalucía.
Varias entidades, según ha podido saber Vozpópuli, han aprobado la contratación de empresas de seguridad privada para custodiar aquellas promociones de viviendas nuevas que estiman que pueden tener una rápida salida en el mercado a lo largo de los próximos meses. Pretenden evitar tanto algún proceso de ocupación, que ya han comenzado a producirse en alguna localidad andaluza, como robos.
No es la primera vez que la banca recurre a este tipo de servicios de seguridad privada, según confirman fuentes del sector de la seguridad. En Madrid, varias entidades financieras contrataron, meses atrás, a vigilantes privados para evitar la entrada en las viviendas o, en otros casos, el desalojo de las personas que habían tomado las viviendas.
La preocupación viene ahora por el real-decreto ley aprobado en Andalucía que prevé la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria o que estén desocupadas. El texto de la normativa andaluza considerará como inhabitada una vivienda cuando "no se hace uso residencial de ella durante más de seis meses consecutivos en el plazo de un año desde el último día de efectiva habitación" o si nunca han sido habitadas. Para comprobar en qué estado se encuentran las viviendas, la Junta de Andalucía creará un servicio de inspección que cruzará una serie de datos de consumo de la casa (agua, luz, electricidad, telefóno) y los datos del padrón.
Las ocupaciones de promociones en las localidades catalanas de Salt y Sabadell han despertado la alarma en el sector
Las entidades esperan que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional la norma andaluza para que quede en suspenso. "Si no, el sector tendrá que acatar la ley aunque se mostrará muy vigilante para tomar cualquier tipo de acción judicial", destacan desde un par de entidades.
Desde el pasado verano, alguna promotora o entidad financiera, de forma esporádica, ha recurrido a la seguridad privada ante episodios puntuales de ocupación. Varios adosados en Alhaurín de la Torre, un bloque de viviendas en la Trinidad, una promoción de 30 apartamentos en Almayate o una urbanización entera en Torremolinos. Todos estos ejemplos que pone la PAH de Málaga se reparten a lo largo del resto de provincias andaluzas.
"A los bancos no les interesa que salgan a la luz, ya que dañan su imagen y dificultan la venta de sus propiedades", aseguran desde este colectivo de afectados por los desahucios.
En Andalucía, la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones. En esta Comunidad Autónoma hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.
