Cinco años después del cese definitivo de la violencia de ETA, el Ministerio ha retirado el servicio de seguridad privada a un centenar de políticos y empresarios. Los escoltas, que durante estos años se han visto relegados al paro de larga duración, piden que se les recoloque protegiendo a víctimas de la violencia de género. 

El Ministerio remite un escrito a las compañías del sector para que realicen "el mayor reforzamiento posible de las medidas de seguridad [...] en aquellos lugares de previsible o frecuente concentración" de personas para hacer frente a la amenaza yihadista. También les pide que comuniquen inmediatamente a la Policía "cualquier información que se considere de interés" y que hagan oídos sordos a "inciertos temores".

La Izquierda Plural denuncia en el Congreso que el proyecto de ley de Seguridad Privada remitido al Senado "cercena el derecho de huelga" en los conflictos laborales donde este personal de seguridad "se vea obligado a actuar". El texto también les da potestad para intervenir en catástrofes naturales, ámbito que compete ahora a Protección Civil y la UME.