La falta de transparencia sobre las cuentas de la empresa parece haber sido el motivo por el que el I-Sec Technologies, empresa de defensa israelí con intereses en aeroespacial, naval, electrónica o logística, ha decidido dar marcha atrás en la compra de las divisiones de Segur Ibérica que restaban por vender, una serie de contratos que englobaban importantes clientes como Metro de Madrid, Renfe, Telefónica o la Embajada de Estados Unidos y que actualmente dan trabajo a unas 1.000 personas cuyo futuro queda en el aire.
En concurso desde el 22 de diciembre, este miércoles se dio a conocer un documento del administrador PwC donde se indicaba que "I-Sec, quien había realizado una oferta por las Unidades Productivas de vigilancia y seguridad de Segur Ibérica, S.A. y por la de servicios auxiliares de Consorcio de Servicios, S.A., informó de que se retiraba del proceso de compra de tales Unidades Productivas". Por tanto, se veía "en la obligación de iniciar la siguiente fase del procedimiento de liquidación todo ello conforme al plan de liquidación aprobado el pasado 24 de abril de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid".
¿Qué pasará entonces con los contratos que aún sigue realizando Segur Ibérica? Los sindicatos aún tienen pendiente reunirse con el administrador para ver qué opciones hay y evitar si es posible "la presentación de los contratos a la resolución judicial por parte del Juez del Concurso". PwC buscará subrogaciones de contratos con otros proveedores de servicios que elijan los propios clientes, para que haya una continuidad en los servicios.
Declive por nula rentabilidad
El pasado marzo, se publicaba en el BOE la liquidación de la compañía de seguridad decretada por un juzgado mercantil de Madrid y se enfilaba el camino a la venta por partes de la compañía, que llegó a ser la segunda empresa del sector por facturación pero que llevaba mucho tiempo en el disparadero, atenazada por falta de rentabilidad. El pasado verano circularon documentos judiciales que hablaban de que la compañía había sido embargada por un juzgado, y desde entonces todo han sido malas noticias en un grupo que empleaba a 7.000 personas, la mayoría de las cuales han conseguido ser subrogadas a otras empresas que adquirieron sus contratos.
Controlada en su capital por los fondos de capital riesgo MCH Private Equity y Corpfin,Los fondos propios de la compañía han ido desapareciendo desde el año 2010, en que alcanzaron sus máximos. Así, de los 66 millones de euros que se lograron en dicho año pasaron a 44 millones en 2011, 37 millones en 2014 y 28 en 2015. Pero curiosamente la cifra de negocio apenas ha caído en la crisis, manteniéndose muy próxima a los 170 millones de euros desde el año 2008. De igual modo, los gastos en personal, también bastante estables, no superaron los 160 millones de euros en 2015 mientras la facturación era 9 millones de euros superior.
