El Fondo Monetario Internacional (FMI) está preocupado por la derogación de la reforma de pensiones del año 2013 y la decisión del Pacto de Toledo de volver a vincular estas prestaciones al IPC. De hecho, considera que esta decisión podría elevar el gasto en pensiones en 30.000 o 40.000 millones en el año 2050, así que habrá que tomar medidas para compensar este incremento del gasto.
En la Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018, presentada este miércoles en Madrid, el Fondo estima que vincular de nuevo la revalorización de las pensiones a la inflación de forma permanente añadiría alrededor de un 3% o 4% del PIB al desembolso por pensiones de aquí a 2050 según las previsiones demográficas y macroeconómicas actuales. Eso significa entre 30.000 y 40.000 millones.
Por eso, considera que un aumento de tal magnitud en el gasto estructural ha de verse contrarrestado por otras medidas estructurales, como podría ser el incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, o la vinculación directa de la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.
Si no se compensa la vuelta al IPC con otras medidas, no habrá otro camino que reducir las prestaciones
"A menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada", señala el organismo internacional. Por eso, considera totalmente "necesario" considerar las consecuencias distributivas de todas las medidas posibles.
Además, ve "esencial" ser completamente transparentes en cuanto al efecto de los cambios en el sistema de pensiones, a fin de que los futuros jubilados puedan tomar decisiones informadas sobre su vida laboral y sus ahorros. Con esta frase mete presión a la decisión que tomó España hace años de informar a los trabajadores de la pensión que tendrán con la conocida carta naranja, una decisión que se paralizó y que nadie ha vuelto a retomar.
El FMI lo tiene clarísimo: "hace falta un paquete de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema". De hecho, cree que las recomendaciones del Pacto de Toledo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. "Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema", advierte.
¿Nuevo índice?
El Gobierno ya ha dicho que no es partidario de vincular las pensiones por ley al IPC, pero sigue insistiendo en la necesidad de asegurar el poder adquisitivo de las pensiones. Este mismo miércoles lo ha dicho la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Para 2019 ya se ha pactado que las pensiones vuelvan a subir un 1,6%, lo que está por ver es si se diseña un nuevo índice para que se pueda aplicar a partir de 2020.
A pesar de las críticas, el Fondo reconoce que el sistema de pensiones ha protegido a la generación de más edad frente a los peores impactos de la crisis, al permitir incrementos del poder adquisitivo que redujeron significativamente la pobreza de la población de mayor edad. Pero los retos son grandes y las reformas de 2011 y 2013 conseguían aliviar la presión del sistema, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social de dichas reformas.
El Fondo no habla solo de pensiones en su informe, también repasa la situación del mercado laboral y señala que siguen existiendo retos significativos. En concreto, considera "crucial" preservar el espíritu de las reformas, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales. Con esto, el FMI manda un mensaje directo al Gobierno de Sánchez, que quiere hacer retoques en la reforma laboral que precisamente afectan a la prevalencia de los convenios.
Cree que subir mucho el SMI puede perjudicar al empleo y apuesta por abordar la dualidad del mercado laboral
Al mismo tiempo, cree que hay que corregir algunas carencias existentes en la legislación laboral. Ve con buenos ojos las directrices sobre aumentos de salarios por los interlocutores sociales, pero advierte de que incrementos pronunciados del SMI pueden poner en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes.
A largo plazo, resalta la importancia de centrar los esfuerzos en el aumento de la productividad abordando la dualidad del mercado laboral, que sigue siendo un obstáculo fundamental a la hora de potenciar la productividad de los trabajadores, además de limitar la movilidad regional y contribuir a la persistente brecha entre las tasas de desempleo de las comunidades autónomas.
Por ese motivo, cree que el Gobierno tiene que aumentar el atractivo de los contratos indefinidos y que los esfuerzos en curso para atajar el abuso de los contratos temporales no bastarán por sí solos. El Gobierno ya ha dicho que estudia la posibilidad de encarecer el coste del despido de los trabajadores temporales para fomentar el empleo estable, pero esa decisión no la valora aún el FMI.
