La Comisión Europea no ha querido fijar cuánto detraerá de los fondos europeos que cada país tiene asignados del Next Generation en caso de que no consigan sacar adelante las reformas que se han comprometido a aprobar, algo que se aplica también en el caso de España, donde parece especialmente complicado que el Ejecutivo consiga aprobar las medidas prometidas.
En los planes que ha remitido cada país y que ya han pasado el examen de Bruselas, los gobiernos se han comprometido a desarrollar una serie de proyectos a través de distintos hitos o fases y por cada hito que vayan logrando, la Comisión irá desembolsando dinero.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con las reformas estructurales que tiene que emprender cada país. En el caso español, por ejemplo, el Ejecutivo ha prometido que antes del 31 de diciembre de 2021 tendrá aprobada la reforma laboral y la segunda parte de la de pensiones, según figura en el Plan de Recuperación, pero se desconoce qué represalias tomará Bruselas si no lo consigue.
Por escrito quedó que, sin reformas, se interrumpiría el desembolso de fondos, pero si cualquier Gobierno consigue aprobar parte de las medidas prometidas y parte no, no está claro que decisión tomará la Comisión. Existe la posibilidad de solicitar, en ese caso, un desembolso parcial de los fondos, pero no está claro cuánto dinero menos se recibirá.
Este desconocimiento no es casual, según han apuntado a Vozpópuli fuentes europarlamentarias, ya que la Comisión Europea no quería fijar un precio a que los países no cumplieran con las reformas. La idea es evitar que un Gobierno pueda calcular si prefiere perder una cantidad de millones de euros a cambio de no aplicar una política que puede costarle millones de votos.
Tres meses para aprobar la reforma laboral y de pensiones
Algo que bien podría ocurrir en el caso de España con la reforma de las pensiones o la laboral, las dos más difíciles de sacar adelante.
De la reforma de las pensiones ya se ha aprobado una primera parte, en la que era fácil concitar el acuerdo con los sindicatos y entre partidos políticos, porque garantizaba su revalorización anual conforme al IPC; pero quedan para esta segunda tanda de negociaciones cuestiones más complejas como el diseño de un mecanismo de ajuste intergeneracional —que penalice de alguna forma a la generación del babyboom para intentar contener el gasto—, la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o el sistema de cotización de los becarios.
Los sindicatos ya han avisado de que no apoyarán un mecanismo de equidad que en la práctica sea similar al Factor de Sostenibilidad de la reforma de las pensiones de 2013, o que suponga un 'castigo' para los babyboomers. Escrivá ya anunció que su idea para ese mecanismo consistiría en que tendrían que elegir entre jubilarse más tarde o cobrar algo menos de pensión, lo que suscitó mucha polémica.
A esto se suma que el ambiente en el seno del diálogo social está debilitado tras el desencuentro con la CEOE por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, también, que el Ejecutivo puede tener serias dificultades para conseguir apoyos parlamentarios en el Congreso para sacar adelante esa reforma.
La reforma laboral también entraña importantes dificultades partiendo de las que existen dentro del propio Gobierno de coalición, ya que el Ministerio de Trabajo es partidario de la derogación de la reforma laboral del PP del año 2012 y eso no es lo pactado con Bruselas, ni es algo de lo que sea partidaria el ala socialista de Moncloa, ni por supuesto los empresarios.
Bruselas podría interrumpir el desembolso de fondos
Si el Ejecutivo no consigue tener aprobadas ambas reformas de aquí a fin de año, existe el riesgo de que Bruselas cierre el grifo, aunque podría haber presiones políticas en la capital belga para que no cese el flujo de dinero.
El Parlamento Europeo, no obstante, ya ha avisado de que buscará mecanismos para presionar a la Comisión con el objetivo de que no ceda y exija el cumplimiento de las reformas en su integridad antes de continuar con los desembolsos.
"Si de forma excepcional uno o más estados miembros consideran que hay serias desviaciones de un satisfactorio cumplimiento de los hitos y objetivos, podrá pedir al presidente del Consejo Europeo que lo aborde en la próxima reunión (...) En esas excepcionales circunstancias, se decidirá no hacer ningún desembolso hasta que el próximo Consejo Europeo discuta exhaustivamente sobre el asunto", recoge el reglamento del Next Generation.
En un plazo máximo de tres meses tendrán que tomar una decisión definitiva respecto al país en cuestión.
Si deciden que ese país no ha tomado las medidas necesarias para cumplir ese hito y, en consecuencia, no autorizan el desembolso del dinero, la Comisión puede proponer al Consejo "suspender todo o parte de los compromisos o pagos".
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