Ignacio Sánchez Galán no dimitirá de ningún cargo de Iberdrola y acudirá el próximo 18 de enero a declarar por su relación con el excomisario Villarejo. Desde la eléctrica esperan que su presidente sea desimputado una vez finalice su declaración, tal y como sucedió tanto con Isidro Fainé como con Antonio Brufau. Un daño colateral de este proceso es el bloqueo de la compra de la energética PNM Ressources por parte de Avangrid, filial de la multinacional española en Estados Unidos, valorada en 3.625 millones de euros.
Un castigo que recurrirá Iberdrola si finalmente se produce. Como adelantaba Bloomberg este jueves, tres de los cinco comisionados de la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México (EEUU) que tienen que aprobar esa operación defienden en un informe que esta operación no se debe producir. Un documento no vinculante pero que sienta precedente para la votación final que se conocerá entre el 8 y el 15 de diciembre.
Esta mayoría en la Comisión utiliza tres motivos para torpedear la operación. El primer argumento es que no están de acuerdo en que Sánchez Galán tenga plenos poderes en la filial estadounidense de Iberdrola, reclaman el poder ejecutivo controlado por un CEO y un presidente que sirva de representación de la compañía. El segundo motivo, según defienden, es que Avangrid no da un buen servicio eléctrico en EEUU y replicará este ‘modus operandi’ en PNM.
Por último, los comisionados citaron preocupaciones sobre "la capacidad de regular posibles conflictos de intereses en la estructura corporativa del propietario español de Avangrid, otras preocupaciones éticas y el pobre historial de Avangrid con servicios públicos en el noreste de EEUU". Si finalmente el presidente de Iberdrola queda desimputado del proceso, la compañía recurrirá la decisión ante los tribunales de Nuevo México por usar esta argumento en su ‘no’ a la operación.
Galán seguirá en el cargo
Como explicaba este medio, el reglamento del consejo de administración de Iberdrola señala que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del organismo "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la Sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la Sociedad o alguna de las sociedades del grupo", así como "cuando se den situaciones que les afecten (...) que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta".
En caso de que se produzca alguna de esas circunstancias, el consejo "requerirá al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la Junta General de Accionistas". Fuentes de Iberdrola admitían entonces que el caso Villarejo ha erosionado "el buen nombre y la reputación" de la compañía en los últimos meses.
El reglamento también obliga a Galán a comunicar formalmente al resto de consejeros su imputación en el caso Villarejo. Una vez sean informados el resto de miembros del organismo, la Comisión de Nombramientos elaborará un informe que será presentado al resto del consejo, que podrá adoptar las medidas que considere oportunas como "la apertura de una investigación interna, solicitar la dimisión del consejero o proponer su cese".
Tanto en su imputación en junio como en este viernes tras conocerse su declaración del próximo 18 de enero, Iberdrola defiende que Galán no incumple ningún reglamento del consejo por su calidad de ‘imputado’. Su procesamiento o apertura de juicio oral sí obligaría a la mesa de gobierno de la eléctrica a tomar cartas en el asunto.
Revolución en el consejo
A este nuevo capítulo del ‘caso Villarejo’ y Sánchez Galán se llega con una revolución en el consejo de administración de Iberdrola. El pasado 27 de octubre, la compañía comunicaba el nombramiento del fundador de Galletas Siro, Juan Manuel González Serna, como vicepresidente primero del consejo de administración. Un movimiento que convertía al exembajador de EEUU en la Unión Europea, Anthony Luzzatto Gardner, que también ejercía como consejero de Iberdrola, vicepresidente segundo del consejo.
Galán también apostaba por la consejera del despacho de abogados Ramón y Cajal Abogados, María Ángeles Alcalá Díaz, como nueva consejera independiente del Grupo Iberdrola. Alcalá Díaz ya ejercía como consejera en Iberdrola España. La abogada es ahora vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, por el plazo de cuatro años.
Su llegada ocupa la vacante que deja José Walfredo Fernández que presentó su dimisión tras ser nombrado subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medioambiente del Gobierno de EEUU, cargo incompatible con el desempeño de las funciones de consejero de la eléctrica. Un país donde Sánchez Galán tiene ahora un nuevo frente.
