Por vez primera en la historia de Caixabank, y en pleno proceso de fusión con Bankia, un consejero ha votado en contra del informe de Gobierno Corporativo de la entidad, el mismo en el que se detalla el funcionamiento de las distintas comisiones, del consejo de administración y de la política de remuneraciones, entre otras cuestiones.
Alejandro García-Bragado, consejero de Caixabank desde 2017, uno de los hombres fuertes de Isidro Fainé hasta el pasado año, ha votado en contra del informe de Gobierno Corporativo del ejercicio 2020 del banco.
Lo ha hecho por considerar que en dicho informe, el banco no ha informado "de las visicitudes procesales que le afectan como consejero, dado que a su juicio tienen relevancia en cuanto a su situación y actuación en relación con la afectación que la misma pueda ocasionar al crédito y reputación de la sociedad".
García-Bragado ocupó la vicepresidencia de Criteria Caixa hasta mediados del pasado año
García-Bragado se refiere a la información que Caixabank ha aportado sobre su situación como afectado en el caso que se investiga en la Audiencia Nacional sobre diversas operaciones de la entidad en la OPA sobre el portugués BPI.
Las Diligencias del procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, además de contra Alejandro García-Bragado se dirigen, entre otros, contra el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, Isidro Fainé y también contra Criteria Caixa y Caixabank.
Gonzalo Gortázar, próximo consejero delegado de la entidad resultante de la fusión con Bankia, no ha añadido ninguna valoración al caso en el mismo informe de Gobierno Corporativo contra el que ha votado García-Bragado.
Consejero sacrificado
Alejandro García-Bragado (Girona, 1949) es uno de los consejeros de Caixabank que abandonará el puesto con la fusión acordada con Bankia. También lo harán Jordi Gual, María Teresa Bassons, Ignacio Garralda, y la Fundación Caja Canarias, representada por Natalia Álvarez.
La admisión de la querella en la Audiencia Nacional contra Fainé y CaixaBank abrió los telediarios el 4 de octubre de 2018
García-Bragado, abogado del Estado en excedencia, comenzó a trabajar para Caixa en el año 1994, tras pasar por la Bolsa de Barcelona. Ha sido vicepresidente de la Fundación Bancaria La Caixa y, hasta mediados del pasado año, ocupó la vicepresidencia de Criteria Caixa.
También ha formado parte de los consejos de administración de Colonial, Abertis o Agbar, entre otras grandes compañías.
Como consejero de Caixabank ha percibido en los ejercicios 2020 y 2019 una remuneración de 120.000 euros anuales.
Fuentes oficiales de Caixabank han indicado a este diario que el banco considera que lo publicado en el Informe de Gobierno Corporativo "es conforme con la normativa del mercado de valores que lo regula y que a su vez es respetuoso con el deber de reserva aplicable a las actuaciones judiciales y con el funcionamiento de la Administración de Justicia en un proceso aún no concluido".
Un caso oscuro en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional lleva investigando la compra del banco portugués BPI por parte de Caixabank desde hace más de dos años.
Cuando el 4 de octubre de 2018 el juez José de la Mata admitió a trámite querella presentada por dos accionistas contra Isidro Fainé y también contra Criteria Caixa y Caixabank por operaciones presuntamente irregulares en la compra de BPI, la noticia abrió todos los telediarios, incluyendo el de la televisión pública.
La hija de Eduardo Dos Santos, que gobernó Angola durante 38 años, fue clave en la opa de Caixabank sobre BPI
Sin embargo, desde entonces, poco más se ha sabido de la investigación. Pero mientras esta sigue abierta, las sospechas sobre la actuación de los principales ejecutivos de la mayor entidad financiera catalana siguen abiertas.
La mujer más rica de África, la angoleña Isabel Dos Santos, hija de Eduardo Dos Santos, quien gobernó Angola durante 38 años, y David Kp. Li, uno de los banqueros más poderosos de Hong Kong, están vinculados a esa operación en la que Caixabank se hizo con BPI.
La querella sostiene que Caixabank entregó un préstamo de 400 millones al banco angoleño BFA, controlado por la operadora del país Unitel (propiedad a su vez de Isabel Dos Santos), "como contraprestación de Caixabank al apoyo de Isabel Dos Santos a la eliminación de las restricciones de voto del BPI añadidas al precio de la opa que fue de 645 millones de euros por el 39,04%".
El banco angoleño era el segundo mayor accionista de BPI, y la posición de Dos Santos fue clave para que triunfara la opa de Caixbank sobre la entidad portuguesa.
Fuentes financieras cercanas a Caixabank consultadas por este diario sugieren que todo se trata de un intento de chantaje y aseguran que no existió ese préstamo denunciado de 400 millones de euros al banco de la familia Dos Santos.
