La economía va a tardar más de lo previsto por el Gobierno en alcanzar la situación previa a la covid, pero es en materia de empleo y nóminas dónde más se han acentuado las diferencias entre los ocupados. Se trata de la eterna discriminación entre el sector público, ajeno a cualquier ajuste (por ejemplo, no se ha producido ni siquiera un solo ERTE); y el privado, sobre el que se cierne la dura realidad de cada momento con ERTES, ERES, despidos y reducción de salarios cuando aparecen los nubarrones de las crisis. Es la diferencia entre quienes están en la cuerda del poder y al amparo de mayores dotaciones de gasto público estructural y de aumento del déficit, y entre quienes tienen que sobrevivir en el día a día de la economía competitiva.
Según las cuentas trimestrales de la Contabilidad Nacional de los sectores institucionales, que elabora el INE, el gasto en nóminas de las Administraciones Públicas desde el inicio de la pandemia ha crecido en 10.104 millones de euros más en términos anualizados (cuatro últimos trimestres) mientras que en el sector privado, a pesar de la relativa mejora, ha caído en 24.641 millones. Es decir, si antes del virus (finales de 2019) el conjunto del sector público (Administración Central, Autonomías y Ayuntamientos más sus entes y organismos paralelos y las remuneraciones de toda la clase política y sus asesores) llegaba a un gasto en personal de 134.729 millones en términos corrientes anualizados, en el segundo trimestre de 2021 (también con datos anualizados) la cifra ha llegado a 144.833 millones. Por su parte, los costes de las remuneraciones totales de las sociedades no financieras eran de 375.668 millones antes de la pandemia y ahora alcanzan los 351.027 millones.
Por tanto, mientras el coste público en nóminas ha subido un 7,5% en este periodo, el privado sigue su caída y se ha situado en el -6,6%. Por tanto, el balance entre ambos sectores es de una diferencia en términos relativos de más de 14 puntos a favor de las Administraciones Públicas. Estas cifras corresponden a la masa salarial, es decir, al conjunto de sueldos y cotizaciones a cargo del empleador.
Esos casi 145.000 millones anualizados de gasto en remuneraciones en las Administraciones representan ya el 12,5% del PIB, una cifra jamás conocida. Supera en casi dos puntos la cifra que se registraba en la situación pre covid. En términos absolutos, el presupuesto público en nóminas se ha duplicado desde que comenzaron las transferencias del Estado a las autonomías en 2001 y es superior en un 35% (unos 38.000 millones más) al que se registraba al inicio del periodo de la gran recesión en 2007. La subida ha sido imparable ya que se ha triplicado en sólo 25 años. Representa, además, el 26% del conjunto de la masa salarial de toda la economía española. Se trata de otra cifra récord. Es decir, uno de cada cuatro euros que se gasta en pagar salarios en España corresponde al sector público con más de 3,4 millones de empleados.
El presupuesto público en nóminas se ha duplicado desde que comenzaron las transferencias del Estado a las CCAA en 2001 y es superior en un 35% al que se registraba al inicio de la recesión en 2007
Este crecimiento se debe al espectacular aumento del empleo, refugio habitual de los partidos en épocas de crisis, y a la falta de actuaciones en materia de flexibilidad que permite la actual reforma laboral y que nunca se ha aplicado. Tampoco se ha tenido en cuenta la devaluación salarial, que habilitó dicha reforma, y ahora mismo muchos de los sueldos están fuera de mercado respecto a los que perciben los trabajadores privados. En todo caso, ni siquiera se ha realizado una adecuación, adaptación, acondicionamiento, reasignación o reestructuración de las plantillas públicas para hacer frente a las exigencias de la crisis de la pandemia (para solapar, por ejemplo, el necesario aumento de la contratación en el segmento sanitario), de la gran recesión o de una mejora de la productividad. Sigue existiendo la misma relación de puestos de siempre o en todo caso se amplía.
La reforma de las Administraciones es la gran asignatura pendiente. A ello hay que añadir el efecto de bola de nieve de las subidas salariales muy por encima de la inflación en los últimos años. En 2020 la revisión salarial ha sido inferior al IPC, pero los denominados deslizamientos (sobre todo el abono de la antigüedad) elevan ese gasto final a esas tasas superiores al 7%. La falta de flexibilidad y la estabilidad laboral en el empleo son las causas de ese aumento espectacular de los trienios (por ejemplo, la Administración Central se gasta más de 1.200 millones anuales), mientras que en el sector privado han desaparecido o apenas son operativos por la facilidad en las salidas laborales.
Además, las Administraciones Públicas son el único sector institucional de la Contabilidad Nacional que crece en efectivos a pesar del aumento, con una considerable inversión en nuevas tecnologías, de la Administración 'on line' y que cuenta con la obligación del contribuyente de realizar los trabajos previos. Así, según datos de la EPA, desde que comenzó la pandemia hay 186.000 empleados públicos más y desde que comenzó la gran crisis en 2007 la cifra llega a los 450.000 hasta alcanzar un nuevo e imparable récord de esos 3,4 millones.
Nóminas del sector privado
Mientras tanto, ese gasto anualizado en nóminas en el segundo trimestre de 2021 en el sector privado (excluidas las sociedades financieras) se ha situado en el 30,3% del PIB, medio punto menos que al inicio de la pandemia y, por ejemplo, dos puntos menos que en el inicio de la gran crisis. En términos absolutos, esos 351.000 millones de gasto son inferiores (-2%) a los que se registraban en 2008. Representa el 62,3% de la masa salarial total de la economía nacional cuando a finales de 2019 llegaba al 66%. Es decir, se ha producido una reducción de casi cuatro puntos (esos casi 245.000 millones).
En términos de empleo, quedan 13,1 millones de asalariados totales, y para volver a la situación pre covid falta aún por reponer a 525.000 de los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo durante este periodo. Este saldo negativo de empleados privados se eleva a casi 1,1 millones desde el inicio de la gran recesión en 2007 y posiblemente nunca se recuperará por el cambio de las nuevas tecnologías y la flexibilidad en la contratación. Es evidente que el ajuste relacionado con la pandemia, y antes en la gran crisis, se ha concentrado en este sector.
La subida ha sido imparable, ya que se ha triplicado en sólo 25 años. Representa el 26% del conjunto de la masa salarial de toda la economía española, una cifra récord
En cuanto al paro, mientras siguen en el limbo estadístico más de 250.000 trabajadores en ERTES (llegó a superar los tres millones en los momentos más críticos), el aumento neto del desempleo desde el comienzo de la pandemia hasta la cuarta ola es ahora de 350.000. Si la cifra actual de 3,5 millones de parados totales la comparamos con la del inicio de la doble recesión, hay aún 1,7 millones de parados más que en 2007. Se trata de casi el doble.
Esta diferencia en el gasto en nóminas, públicas y privadas, sitúa la masa salarial del conjunto de la economía española en 559.450 millones (incluyendo a las Instituciones Sin Fines de Lucro al servicio de los hogares y a las sociedades financieras) frente a los 578.350 que se producía en 2019. Por tanto, es casi 20.000 millones todavía inferior (-3,3%) al que se registraba en la situación pre pandemia. Y el paraguas público sigue abierto.
