El gasto publico en pensiones superará en 2023 los 188.500 millones de euros, el 14% del PIB. Así lo advierte Fedea en un informe que ha elaborado Miguel Ángel García (URJC), que cuantifica el impacto de la actualización de las pensiones sobre el gasto público total y sobre las cuentas del componente contributivo de la Seguridad Social con su vinculación al IPC que ha consagrado la reforma en vigor desde enero que el Gobierno asegura que no va a modificar.
El montante, que eleva este gasto 1,7 puntos por encima de 2019 y de la media de la zona euro, se ha calculado sólo con una inflación media del 6%, cuando todos los organismos ya ofrecen cálculos por encima. Sin embargo, Fedea sí cuenta que cada punto de inflación tendrá un impacto elevado en el gasto total en pensiones, de 1.700 millones, superior al de otros organismos.
En este sentido, Fedea señala que sus cálculos se basan en hipótesis prudentes sobre la evolución de los precios, salarios y PIB a la luz de la nueva situación creada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha elevado la inflación hasta el 9,8% en tasa interanual en marzo.
Fedea ofrece otro análisis, el del déficit del componente contributivo de la Seguridad Social, que proyecta que en 2023 se situaría en el 1,2% del PIB (-15.200 millones de euros) después de inyectar 18.396 millones de euros desde la Administración General del Estado en concepto de gastos impropios. Si se excluye este concepto, el saldo negativo del sistema aumentaría hasta el 2,6% del PIB (-33.600 millones de euros).
De cumplirse este escenario, "el sistema de pensiones mostraría un fuerte desequilibrio justo antes de iniciarse la entrada en edad de jubilación de la generación del baby boom, con el consiguiente aumento del ritmo de crecimiento del gasto", concluye la Fundación de Estudios de la Economía Aplicada.
Varios organismos económicos ya apuntan a la importancia de que los pensionistas participen en el pacto de rentas que trabajadores y empresarios negocian para evitar una espiral inflacionista (una subida de salarios que empuje al alza los costes de las empresas y, por tanto, de los precios). Sin embargo, esta es una 'línea roja' que el Ejecutivo no está dispuesto a sobrepasar justo el año en el que ha entrado en vigor la reforma laboral, que las revaloriza conforme al IPC.
BBVA y Banco de España
BBVA Research sugirió este mismo jueves, en la presentación de sus previsiones macroeconómicas, que los pensionistas deberían asumir una parte del coste de la inflación. "Excluir a algún colectivo de este pacto haría necesario un mayor ajuste entre el resto de agentes. Es necesario ponerlo en marcha e incorporar también a los pensionistas, con ingresos que están indiciados con la inflación", señalaron, aunque reconocieron el coste político que tendría suspender la ley en el primer año de entrada en vigor.
Sobre la revalorización que sería deseable aplicar tanto a salarios como a pensiones, los economistas del servicio de estudios del banco apuntaron más a la inflación subyacente (en el 3,4% en marzo y con una media anual prevista próxima al 2%) frente a la inflación general (9,8% en el último mes y 7,5% de media anual, según el Banco de España), pues ayudaría a contener los efectos de segunda vuelta y también reduciría en gran medida el gasto público en pensiones.
En la revalorización de las pensiones conforme al IPC, cada punto de inflación adicional tiene un coste 'extra' para las arcas públicas de 1.500 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Esto implicaría que con una inflación media del 7,5%, como espera el Banco de España, la factura crecería en más de 11.000 millones de cara a 2023. Sin embargo, con una revalorización en base a la inflación subyacente (en el 2,8% de media este año, según el BdE), el coste sería cerca de 7.000 millones inferior.
Por su parte, más que ligar las pensiones al IPC sin energía ni alimentos frescos, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, planteó el pasado 29 de marzo que sólo deberían subir con el IPC las pensiones mínimas. Además, el BdE advierte en sus previsiones macroeconómicas presentadas esta semana que la inflación media alcanzará el 9,8% si la subida de los salarios se descontrola y se producen efectos de segunda vuelta importantes.
