El Gobierno ha anunciado que vetará las enmiendas a los Presupuestos que forman un paquete de vivienda que han registrado sus socios en el Congreso. Pero no a todas. Según ha podido saber Vozpópuli, de las cuatro enmiendas sobre vivienda que han presentado Podemos, ERC y Bildu, el Ejecutivo quiere mantener la que lleva un golpe fiscal al alquiler: un tijeretazo del 17% a la deducción para caseros que avanzó este periódico el 31 de octubre.
En concreto, se reduce la tradicional deducción al alquiler del 60% al 50%. Este tijeretazo afectaría a la gran mayoría de caseros, al alrededor del 95% de ellos que no ofrecen alquiler social. Para esta última modalidad, en cambio, se ofrece mejorar el incentivo hasta el 90%.
Estos vetos se van a analizar en la Mesa y Portavoces de los Presupuestos Generales del Estado este martes, cuando los grupos parlamentarios han registrado más de 5.400 enmiendas parciales. La mesa de la Comisión de Presupuestos, que preside la diputada de Unidas Podemos Pilar Garrido, se reunirá para ordenar el debate de todas las propuestas. De entrada, los letrados de la Cámara ya han desaconsejado incluir en el orden del día las enmiendas planteadas por Podemos, Bildu y ERC para regular el alquiler y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional al considerar que son ajenas a la materia presupuestaria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que los socialistas harán caso de la propuesta de los servicios jurídicos y defenderán la exclusión de esas iniciativas, que, a su juicio, deberían enmarcarse en la discusión del proyecto de Ley de Vivienda que sigue bloqueado en la Cámara Baja. El PSOE confía en recabar el apoyo del PP, con quien suma mayoría en la Mesa de la Comisión, para apartar esas enmiendas.
Así, Montero insiste en el mensaje que lanzó tras presentar el proyecto de los Presupuestos Generales de 2023, cuando recalcó que la Ley de Vivienda debe seguir su propio proceso parlamentario y que, por tanto, no tiene cabida en las Cuentas públicas del próximo año.
La Mesa analizará también este martes los escritos de veto que puedan haberse recibido por parte del Gobierno, que tiene potestad para excluir enmiendas que considera que alteran su competencia en materia presupuestaria porque supongan un "aumento de gasto o minoración de ingresos" para las arcas públicas.
El nuevo sistema
La enmienda que se va a mantener, la 4.626, modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta de Personas Físicas, de tal forma que la deducción para caseros será del 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado. Y siempre que la renta inicial se hubiera rebajado en más de un 5% en relación con la última renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma casa una vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior.
La deducción sería del 70% cuando no cumpliéndose los requisitos anteriores, el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que ésta se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años. Cuando existan varios arrendatarios de un mismo piso, esta reducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente corresponda a los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en esta letra.
La bonificación del 70% también aplicará cuando el arrendatario sea una Administración Pública o entidad sin fines lucrativos que destine la casa al alquiler social con una renta mensual inferior a la establecida en el programa de ayudas al arrendamiento del Plan Estatal de Vivienda, o al alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica o cuando la residencia esté acogida a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la Administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler.
El paquete de vivienda
La actual reducción del 60% se mantiene si, no cumpliéndose los requisitos anteriores, la vivienda hubiera sido objeto de rehabilitación en los dos años anteriores. El resto de casos verán rebajada la deducción al 50%.
Asimismo, se prevé que estas reducciones sólo resulten aplicables sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos, según ha limitado la deducción la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021.
La enmienda fiscal se acompañaba de otras ahora vetadas que intentaban trasladar a las Cuentas asuntos enquistados por el parón de la Ley de Vivienda. Entre estos, sobresalen el tope a los precios del alquiler y la posibilidad de que se perpetúe el límite del 2% a las actualizaciones de contrato que el Gobierno ha instrumentado por Real Decreto -con efectos hasta el 31 de diciembre de este año- a través de una modificación coyuntural de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El PSOE estudia ahora prorrogar el tope a las renovaciones que las desliga de la inflación -en el 7,3% en octubre- durante 2023. Empero, no estaría por la labor de convertirlo en una ley definitiva, como reclaman sus socios de izquierda.
