El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está conformado por 31 componentes. Todos tienen como objetivo impulsar y modernizar la economía, aprovechando el 'manguerazo' de fondos europeos. El componente número 2 se denomina "Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana" y persigue -entre otros fines- desplegar un parque de 25.000 viviendas de alquiler social.
El atasco de las subvenciones europeas, sin embargo, está impidiendo al Gobierno hacer efectiva la entrega de casas. Al cierre de agosto (últimos datos disponibles), se había acordado la financiación con fondos UE de 24.504 viviendas. El desarrollo corre a cargo tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas. Pero ninguna de esas viviendas ha podido ponerse en el mercado en régimen de alquiler social.
Las cifras están reflejadas en un documento oficial elaborado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Se trata de la respuesta a una pregunta realizada en el portal de transparencia por el economista Santiago Sánchez. El Ministerio aporta algunos detalles. De las 24.504 viviendas mencionadas, ya han sido "adjudicadas, iniciadas o con inicio inmimente" 16.067 viviendas. "Adicionalmente están en licitación 2.522 viviendas", añade el Ministerio.
El documento, por el contrario, no contesta a otra de las solicitudes básicas que realiza Santiago Sánchez: "el número de familias que han sido beneficiarias hasta la fecha". El Ministerio que comanda Isabel Rodríguez asegura que los proyectos están en plazo. "La fecha para finalizar las viviendas, conforme a los establecido por la Unión Europea, es el 31 de julio de 2026", señala. En este sentido, asegura que "el número de familias beneficiadas coincidirá con el número de viviendas terminadas".
El Gobierno está sufriendo con su política de vivienda los mismos problemas que acarrea en otras áreas. Las dificultades para 'aterrizar' los fondos europeos están dificultando su llegada al último eslabón de la cadena: los beneficiarios reales, tanto empresas, como instituciones o particulares. Es una tónica que se ha mantenido desde que la UE aprobó la entrega del dinero.
Bajo porcentaje de realización
El caso de la vivienda es un ejemplo más entre muchos. Al finalizar octubre, según el último balance de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio había aprobado créditos presupuestarios definitivos por valor de 3.448 millones de euros, destinados a financiar las distintas políticas de vivienda. Sin embargo, sólo se habían realizado pagos por 391,3 millones. El porcentaje de realización alcanza sólo el 11,7, uno de los más bajos. Sólo arrojan tasas peores los ministerios de Política Territorial, Industria e Inclusión.
La realización de pagos ha ido empeorando a medida que avanzaba el Plan de Recuperación. El programa de construcción de viviendas en alquiler social es un un ejemplo. En 2022, el Gobierno logró encajar los pagos realizados y los créditos definitivos presupuestados (500 millones). Es decir, el 100% de lo previsto. Esa cifra descendió al 59% en 2023 (500 millones en créditos, frente a 270 millones abonados). Este año, al cierre de octubre, sólo se habían realizdo pagos por 84 millones, pese a que los créditos aprobados superan los 205 millones. La tasa de realización, por tanto, se reduce hasta el 45,9%, a falta de dos meses para que acabe el año.
La existencia de un límite temporal obliga al Gobierno a acelerar la ejecución. Sólo queda un año y medio para poner en el mercado las 25.000 viviendas en alquiler social promovidas. Como informó Vozpópuli, hasta el momento se han resuelto convocatorias de fondos europeos por 40.000 millones de euros, que ya tienen un destinatario asignado.
La UE aprobó la entrega a España de 163.000 millones, que están repartidos en subvenciones (79.800 millones) y préstamos (83.200 millones). Las reformas y el cumplimiento de proyectos han permitido hasta ahora la recepción de 48.000 millones.
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